Aprobaron la Ley de Memoria Histórica en España

Por medio de esta ley, cerca de un millón de descendientes de inmigrantes españoles, muchos de ellos argentinos, podrán obtener la nacionalidad española, según estimaciones del gobierno español.

Para preparar a la administración con el objetivo de evitar el colapso de los consulados españoles, se acordó que la disposición referente a la nacionalidad entre en vigor en el plazo de un año desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado(BOE), prevista para la próxima semana.

Por lo tanto, a partir de diciembre de 2008, los descendientes de españoles tendrán dos años para solicitar la nacionalidad española, plazo que el gobierno español puede prorrogar un año más.

En la explicación de motivos de la ley de Memoria Histórica se establece que se "amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta primer grado -hijos- de quienes hubiesen sido originariamente españoles", independientemente de que hayan nacido en España, o sean hijos de emigrantes o exiliados.

Se aclara también que "se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes hasta segundo grado, de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) o la Dictadura (1939-1975)".

Según la ley hasta ahora vigente, el Código Civil de 2002, el requisito es que los progenitores de quienes demanden la nacionalidad hayan nacido en España.

Desaparecido este requerimiento, el límite de la nueva ley es que debe haber una "continuidad" en la nacionalidad, requisito que no podrán cumplir los nietos de emigrantes españoles cuyos padres hayan fallecido sin haber optado por la nacionalidad española, dijo a Télam Lois Pérez Leira, del Movimiento Argentinos en el Exterior.

Pérez Leira, quien lleva veinte años luchando por los derechos de los emigrantes españoles y sus descendientes, destaca especialmente el caso de los hijos de "desaparecidos" en Argentina.

En algunos casos la situación quedará cubierta si se trata de nietos de exiliados por la Guerra Civil (1936-1939) o la dictadura franquista (1939-1975).

El derecho a la nacionalidad española para nietos de emigrantes es un reclamo histórico de la emigración, y un compromiso que asumió ante ellos el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en marzo de 2008 intentará revalidar su gestión en las urnas.

El gobierno había introducido la reforma que ampliaría la nacionalidad a los nietos de emigrantes españoles en el trámite de la ley de Adopción Internacional, que se encuentra bloqueada en la comisión de Justicia.

Por esta razón, en el tramo final de la legislatura, el gobierno optó por asegurarse la aprobación de esta reforma en materia de nacionalidad y la introdujo en la "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", nombre de la ley de Memoria Histórica.

La esperada ley, que condena el franquismo, deroga sus leyes y ordena la retirada de sus símbolos, salió adelante hoy con el voto favorable de todos los partidos excepto el Partido Popular (PP), y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya.

ERC y PP, en contra

   El senador Miquel Bofill abrió las tres horas de debate de esta tarde y resumió en uno los motivos de ERC en contra del proyecto: "la ley se queda muy corta". "Treinta años después del fin de la dictadura, ya es hora de condenar con claridad el régimen franquista, su origen ilegal e ilegítimo desde el punto de vista democrático y su carácter criminal desde punto de vista de los derechos humanos. Y al tiempo, ya es hora de reconocer a las víctimas sin discriminación el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación", defendió el senador.

   Además de criticar la ley, Bofill calificó de "bochornosa" la actitud "de la derecha, anclada sentimentalmente en el Franquismo". "Renuévense, jubilen a los ex ministros de Franco, busquen otros referentes", dijo a los bancos del PP, en los que se encontraba el senador Manuel Fraga.

   El portavoz del PP Alejandro Muñoz-Alonso acusó a continuación al senador de ERC de no tener "ni idea cuando habla de anclajes en el Franquismo". "Aprenda un poco de historia y de conocimiento. Mi partido no existía en aquellos momentos, ni participó en golpes de Estado", agregó. "Yo fui antifranquista cuando había que serlo. Los antifranquistas de ahora son lanzadas a moro muerto", sentenció.

   En cuanto al por qué del veto, Muñoz-Alonso lo apoyó en que el proyecto de ley es "innecesario, irrelevante y engañoso", que guarda "un descerebrado intento de distinguir entre españoles buenos y malos" y que ha reabierto heridas y enfrentamientos a los que la Transición "puso fin".

   Para el PP, existen ya vías para reparar a quienes sufrieron persecución o para satisfacer el "justo derecho" a buscar a familiares desaparecidos, si esos eran los objetivos de la ley. "Y se puede calificar el proyecto de hipócrita porque en él se hace elogio de la Transición, pero se adentra por derroteros que suponen un intento de voladura controlada de lo que la Transición significó y una desatención rayana en el vilipendio de aquel mismo espíritu", dijo el senador. "No suma nada. Es esa manía que tiene el señor Zapatero de crear problemas", añadió por su parte el senador Juan Van-Halen.

Defensa del PSOE y La Entesa

   Por el PSOE, Lentxu Rubial, que tuvo un recuerdo para su padre, Ramón Rubial, aseguró que con la ley se da "un definitivo paso" para la "reconciliación definitiva que se inició con la democracia".  "Créanme cuando les digo que a los socialista sólo nos mueve el profundo impulso de restablecer la justicia, no pretendemos revisionismo ni hacer electoralismo", afirmó. "Tampoco queremos cerrar heridas, porque están bien cerradas y no se van a volver a abrir", dijo a los dos grupos que vetaron el proyecto.

   La también socialista María del Carmen Granado aseguró que la ley permite a muchas personas recuperar la memoria personal y que no hay nada en ella "que un demócrata no pueda aprobar, ni por exceso ni por defecto". Su compañera de filas Ruth Porta, por su parte, preguntó al PP qué hay en esta ley que no responda a la resolución aprobada en el Congreso en 2002 apoyada por los 'populares' a favor del reconocimiento de las víctimas de la Guerra y del Franquismo.

   Porta le dijo también a Muñoz-Alonso que "un antifranquista", como el senador declaró ser, lo es siempre, "porque a los principios no se renuncia". "Aquí no se condena a nadie, sólo se repara a las víctimas", resumió.

   Por la Entesa, Isidre Molas descalificó que se tache la ley de innecesaria, engañosa ni dañosa, porque "sólo establece derechos". "Todos tenemos derecho a saber, a la reparación moral, a una indemnización. Esta ley no es ningún arma arrojadiza. Es una reparación pública", defendió. "Confirma nuestra voluntad de defender una España con futuro y con honra, capaz de mirar hacia atrás sin miedo ni encono y de mirar hacia adelante con libertad y fraternidad", dijo.

   Molas recordó a los que sufrieron en defensa de la libertad, destierro, fusilamientos o cárcel. "Nosotros debemos favorecer hoy el avance del régimen de convivencia establecido y esta ley contribuye a ello", defendió. "Tenemos la obligación de avanzar en el reencuentro de 1977, que no debe tener vuelta atrás y debe haber plena conciencia de que lo que pasó, pasó y se repara, pero no debe volver a pasar. Ese es el mensaje de la Transición", añadió. "Se trata de no utilizar el pasado como arma y no dejar de criticar aquello que consideremos contrario a lo que hemos construido juntos, un Estado de Derecho", agregó.

Los nacionalistas, a favor

   La senadora Elena Etxegoyen calificó la ley de "oportuna y necesaria". "Ha supuesto una esperanza real para quienes vienen demandando reparación. No hay derecho a que a los que en la Transición se les dijo que no, porque era demasiado pronto, ahora también se les diga que no porque es demasiado tarde", afirmó.

   Jordi Casas expresó el voto a favor de CiU al proyecto, ya que introduce derechos y obligaciones, aunque con carencias. A su juicio, lo demuestran los vetos, que al proceder de partidos situados a la derecha y a la izquierda del PSOE "dicen que la ley no está bien hecha". Por otro lado, el senador expresó su esperanza de que el debate de este lunes difunda los valores que se quieren trasladar con esta ley, "valores que fomentan la concordia y la reconciliación, la convivencia en paz para enfocar el futuro". "La memoria es muy personal y puede haber sensibilidades distintas. Nuestra obligación es reparar las injusticias que se hayan podido cometer", defendió.

   Por Coalición Canaria, el senador Alfredo Belda defendió que se trata con la ley de "recuperar la memoria y dignidad de los perseguidos". Y por el Grupo Mixto, Pere Sampol expresó también el apoyo de estos senadores aun considerando que la ley tiene restricciones. Tras relatar varias historias de la Guerra Civil, Sampol aseguró que "nadie pide revancha, ni siquiera justicia ni castigo para los culpables", sino que el Estado sea "responsable de la reparación" de las víctimas porque en nombre del Estado se cometieron los crímenes, dijo.

Hijos y nietos de españoles dan las gracias

    Representantes de asociaciones de hijos y nietos de exiliados españoles por la dictadura de Franco agradecieron esta tarde en el Senado la aprobación de la llamada Ley de la Memoria Histórica y expresaron su satisfacción por poder iniciar los trámites para recuperar la nacionalidad española.

   Un grupo asistió desde la tribuna de invitados al Pleno de este lunes, como también lo hizo el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, quien aseguró que con leyes así España es cada día "más decente" porque "reconoce a quienes han luchado por la igualdad y la libertad".

   El argentino Guillermo García Suárez (en la foto), coordinador de la Agrupación de asociaciones de hijos y nietos de españoles, explicó que con la ley ven satisfecha la reivindicación de recuperar la nacionalidad española que sus familias perdieron. "Es un momento muy importante para nosotros. Se lo queremos agradecer a todos. Nos volvemos a Argentina con la ley bajo el brazo", concluyó.