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Comisión Europea no aplicará una sanción por exceso de déficit a España, pero sí exigirá que éste no supere el 4,6% este año -alcanzó el 5,1% del PIB en 2015 y a medio año va por el mismo camino-, el 3,1% en 2017 y el 2,2 en 2018, lo que podría suponer una rebaja de 28.000 millones de euros.
Además, la CE considera necesario que España se someta a cambios estructurales por valor del 0,5% del PIB en 2017 y 2018. No así para este año ya que se muestra comprensiva con los efectos ajenos a la política económica del gobierno de la inflación negativa y lo avanzado del curso económico que ya ha dejado atrás el primer semestre del año. "Teniendo esto en cuenta, se considera oportuno no solicitar nuevas medidas estructurales en 2016", sostiene para justificar la prórroga de dos años para realizar la corrección del déficit excesivo.
Si bien
el Gobierno ha negado que vayan a producirse nuevos recortes puesto que confían en el aumento de los ingresos relacionados con el crecimiento económico, sí parece evidente que habrá que tomar medidas porque sólo si se presenta un Presupuesto para 2017 que garantice la reducción del déficit público hasta el 3,1% del PIB se evitaría la congelación de los fondos estructurales.
Reforma fiscalLa CE alerta de los efectos negativos provocados por los atrasos en los pagos del impuesto de sociedades para el cómputo fiscal del año e incluye algunas reformas a tener en cuenta en su documento de recomendaciones.
De este modo, entre las medidas que podría tomar el futuro inquilino de la Moncloa en los próximos meses, podría incluirse una reforma fiscal en ese y otros ámbitos. El hecho de que estas advertencias se adopten en la segunda mitad del año "amplifica el esfuerzo fiscal necesario para lograr una mejora anual", señala el ejecutivo comunitario.
En particular, la CE vuelve a incluir entre sus recomendaciones a España la necesidad de modificar los "tipos reducidos del IVA" con el fin de alcanzar los objetivos marcados. Esto podría suponer subidas en el impuesto indirecto o la salida de ciertos productos de la lista pasando así al tipo general más elevado.
La Comisión Europea confirma el compromiso de que España adoptará "medidas para fortalecer su marco fiscal, en particular, con una miras a aumentar la automatización de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones a partir de los déficit, los objetivos de deuda y gastos y para reforzar la contribución a la regla de gasto de la Ley de Estabilidad para la sostenibilidad de las finanzas públicas".
Deuda y contratación públicaPor otro lado, estima que la deuda pública ronde el 100,3% en 2016 y el 100,6% en 2017, si bien no lo considera un riesgo a corto plazo.
Asimismo, critica la falta de una autoridad de control independiente en el conjunto del país sobre la ejecución de los contratos públicos y el "uso limitado de la contratación centralizada". Y explicita el compromiso de España para crear "un marco coherente para garantizar la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública" que incluya mecanismos de control para garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de competencia.
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