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Rajoy y Rivera ratifican 150 medidas, incluyendo la dación en pago y un recorte en la administración

> El líder de Ciudadanos asegura que 100 de esas medidas ya fueron pactadas con el PSOE

domingo 28 de agosto de 2016, 09:12h
Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos y los líderes de los partidos, Mariano Rajoy y Albert Rivera, han ratificado este domingo el acuerdo de investidura en el que llevan negociando toda esta semana. Con este anuncio, el presidente en funciones se ha asegurado el 'sí' de los 32 diputados de Ciudadanos, que siguen siendo insuficientes para que el debate de investidura que empieza este martes salga adelante. El documento, de 150 medidas, incluye la dación en pago, el recorte en el gasto de administraciones públicas, la conformación de una mesa para estudiar la reforma constitucional o el compromiso de no subir impuestos.
Rajoy y Rivera ratifican 150 medidas, incluyendo la dación en pago y un recorte en la administración
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(Foto: PP)

Mariano Rajoy y Albert Rivera se han mostrado satisfechos por la firma del pacto por el que Ciudadanos se compromete a votar de forma favorable a la investidura del candidato del PP.

"Ahora el candidato a la investidura se va a presentar con 170 apoyos. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligacion, ahora falta que los demás cumplan con lo que crean que es su obligacion", ha apuntado el presidente en funciones.

Según Rivera, el documento no sólo es compatible con el PSOE sino que, de hecho, de las 150 medidas que lo conforman, 100 de ellas ya estaban recogidas en el pacto al que llegaron con lossocialistas la pasada legislatura.

Los líderes de los partidos rehuyeron firmar el documento y decidieron que los portavoces parlamentarios, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta fueran los que escenificaran el compromiso ante las cámaras.

Las discrepancias entre PP y Ciudadanos han empezado de forma inmediatamente posterior a la firma, ya que mientras que Rivera ha especificado que el documento tiene como fecha de caducidad el primer debate de investidura de Rajoy, el presidente en funciones considera que va más allá. El presidente del PP incluso ha dejado caer que, en caso de fracasar en el primer debate de investidura, él seguiría intentando conseguir los apoyos suficientes.

1.000 millones del fraude

Ciudadanos ha logrado que el PP se comprometa a cumplir íntegramente lo establecido al aprobar la amnistía fiscal, es decir, que los que se acogieron a la "regularización fiscal" tributen al 10% y no al 3%. Con esta medida, los amnistiados tendrán que abonar a Hacienda la diferencia. Fuentes de la negociación han revelado que este fue otro de los puntos en los que hubo más discrepancia.

En materia fiscal, las dos formaciones también se comprometen a reformar el impuesto de sociedades para evitar "agujeros", rebajar el IRPF en dos puntos cuando España haya reducido el déficit por debajo del 3% y bajar el IVA cultural.

El pacto económico incluye, por otra parte, la reducción de tipos de contrato, que pasaría de 4 a 3, muy lejos del contrato único que quería Ciudadanos. La formación naranja aceptó esta contra-propuesta porque aseguran que permite reducir la dualidad en el mercado laboral y se complementa con un paquete que también incluye la mochila austriaca, que es un plan de indemnizaciones provenientes del salario del trabajador para caso de despido.

PP y Ciudadanos se han comprometido además a derogar el impuesto al sol -que afectaba al autoconsumo- dentro de una nueva ley de cambio climático y a aprobar una ley de segunda oportunidad que contemple la dación en pago.

En conjunto, se contempla un incremento del gasto público de 5.000 millones de euros, que se recuperaría, según el documento, con la reforma del impuesto de sociedades (3.000 millones de euros), el plan de lucha contra el fraude fiscal (1.000 millones) y la eliminación de duplicidades en la administración (1.000 millones).

Permisos de paternidad

En el bloque social, Ciudadanos ha conseguido comprometer al PP en muchas de las medidas que pedían, incluída la igualación de los permisos de paternidad y maternidad y el plan de racionalización de horarios. Con este plan, se recuperarían el huso horario GMT y se impulsarían medidas para favorecer la conciciación familiar, como la finalización de la jornada laboral a las 18:00.

En lo educativo, el documento recoge el compromiso de plantear un pacto nacional por la educación del que se genere una nueva ley que cuente con el consenso de todos los partidos. Como ya se pactara con el PSOE, Ciudadanos ha conseguido establecer que la creación de una comisión para elaborar este pacto suponga de facto la paralización de la apliciación de la LOMCE.

Dentro del plan social se ha incluido el complemento salarial, que se aplicará como un "impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas" y que tendrá una dotación presupuestaria de 1.300 millones de euros ya en 2017.

El plan contra la pobreza infantil se llevará otros 1.000 millones de euros, mientras que las partidas son más bajas para el plan de refuerzo escolar con 60 millones de euros y para la ampliación de la educación pública en los tramos de 0 a 3 años, que contará con 300 millones de euros.

Adelgazar la administración

Finalmente, en el plano de la reforma institucional, el máximo compromiso arrancado por Ciudadanos al PP cosiste en avazar hacia la despolitización de la justicia. En este sentido, se ampliará el número de jueces del Consejo General del Poder General que es nombrado por los propios jueces, hasta un total de 12 de los 20. Además, se establecerá que el Fiscal General pueda ser revocado por el Parlamento.

El acuerdo sobre el Senado ha quedado redactado de forma muy similar al que se estableció en el documento con el PSOE, de forma que los partidos prometen reformarlo para que cumpla su papel de cámara territorial y reducir el número de senadores, aunque sin especificar en cuánto.

El PP ha conseguido que Ciudadanos cediera en su pretensión de eliminar las diputaciones y la formación naranja ha aceptado firmar un compromiso de reducir el gasto en este tipo de estructuras.

Además de la inclusión de los 6 puntos del pacto anti-corrupción firmado la semana pasada, el documento también incluye como novedad una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción.

Otra de la discrepancia de versiones también se ha dado ya respecto al punto sobre la reforma constitucional. En el documento se establece la disposición de "estudiar la actualización del texto constitucional", pero Mariano Rajoy ya ha señalado que esto no significa necesariamente que se tenga que reformar. En cualquier caso, el líder del PP ha adelantado que si propuesieran algún tipo de reforma de la Consttución iría solo en el sentido de reforzar la unidad y la igualdad territorial de España.

8 días de negociación

La negociación con Ciudadanos ha durado 8 días contando desde la primera reunión de equipos para tratar asuntos metodológicos. Durante los primeros días se encontraron algunas discrepancias importantes, como en la propuesta de la formación de Rivera sobre el contrato único, que se fueron postergando para el final de la semana. Pero el diálogo entre los dos partidos se empezó a tensar más a partir del miércoles, cuando se anunciaron dos de los principales escollos con los que se ha encontrado la negociación.

En primer lugar, Ciudadanos exigía al PP que acompañara la aceptación de las medidas sociales con una dotación presupuestaria para evitar que no se quedara en una mera "declaración de intenciones". Los populares se resistieron, pero finalmente presentaron una propuesta económica para financiar aspectos como la ampliación e igualación del permiso de maternidad y paternidad o el complemento salarial.

El segundo aspecto que causó más problemas fue el bloque de reformas institucionales, donde la formación de Rivera quería conseguir reformas relevantes de instituciones como el Senado, las diputaciones o el Consejo General del Poder Judicial.

Con este anuncio, Mariano Rajoy consigue acercarse a los 169 apoyos para el debate de investidura que comienza este miércoles. Si Coalicion Canaria ratifica su decisión de dar también su apoyo, el presidente en funciones tendría, de momento, 170 escaños a favor. Esta cifra, sin embargo, está a 6 escaños de la mayoría absoluta requerida en primera votación, pero también es menor que los previsibles 'noes' que recibirá del resto de formaciones.


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