El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha retirado la acusación que ejercía contra el partido en la causa en la que los Juzgados de Madrid investigan la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.
La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, procesó el mes de julio al partido, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la eliminación de los discos duros.
Bárcenas ha dado instrucciones a su abogado, Francisco Maroto, para que se retire de este procedimiento en el que ejercen la acusación otras partes, como la Asociación Libre de Abogados (ALA) o Izquierda Unida. El letrado presentó este lunes el escrito de renuncia, han concretado las citadas fuentes.
El procesamiento fue recurrido por el PP y la Fiscalía en reforma a principios de verano. La magistrada concluyó entonces la instrucción y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusó a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".
En concreto, por el delito de daños informáticos la magistrada aseguró que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos, mientras que la actual tesorera "conocía sobradamente el apoderamiento y la custodia" de dichos dispositivos y "permitió" que Moreno ejecutase dicha orden "a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello".
En cuanto al PP, Freire consideraba que no estableció "un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de esos delitos" y que actualmente no existe un inventario de los elementos informáticos que ha habido en 'Génova'.
Además, calificó de "simple folio" el documento que el PP aportó, denominado 'procedimiento de borrado seguro', y precisó que no se puede considerar "serio y riguroso" al no existir un "protocolo interno de seguridad" que fuese conocido por los trabajadores y responsables del departamento informático. Por ello, recalcó que esto "permitió que personas de su organización" cometiesen este delito.
Con respecto al delito de encubrimiento, la titular del Juzgado número 32 de Madrid dijo que es aplicable al abogado y a la actual tesorera de la formación porque conocían la investigación judicial en curso sobre la presunta financiación ilegal del PP.
Según su criterio, el borrado de los ordenadores tuvo el objetivo de impedir que datos relativos a la contabilidad 'B' de la formación saliera a la luz.
La juez rechazó archivar esta causa como le pedía la Fiscalía y las defensas del PP y sus empleados, al considerar que no hay una resolución firme sobre la propiedad de los ordenadores y que no ha quedado acreditado que los discos duros que contenían estuviesen vacíos.
De hecho, destacó que los archivos de los ordenadores de Bárcenas "podrían ser muy relevantes" tanto para la defensa del extesorero como para la investigación y esto no "podía pasar desapercibido para los responsables del PP".
A pesar de que el Ministerio Fiscal y las defensas dudaron del testimonio de Bárcenas, la magistrada no encontró en su declaración "contradicciones palmarias" ya que su relato fue "coherente y firme, e incluso meticuloso".
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