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Anticorrupción destaca que Chaves y Griñán fueron avisados de las irregularidades en los ERE

> Habrían operado "con conocimiento de los incumplimientos ya descritos y conciencia de las consecuencias"

jueves 15 de septiembre de 2016, 18:50h
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación en la pieza separada por las subvenciones investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, considera que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán no "frenaron" como miembros del Consejo de Gobierno las "irregularidades" manifestadas en los informes elevados a dicho órgano.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán
Manuel Chaves y José Antonio Griñán (Foto: EP)

En su escrito de acusación el Ministerio Público narra que ante los reparos de la Intervención General de la Junta de Andalucía a la gestión de las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo, Manuel Chaves como presidente de la Junta; Gaspar Zarrías como consejero de la Presidencia; Magdalena Álvarez como consejera de Economía y Hacienda; José Antonio Viera como consejero de Empleo, Antonio Fernández como viceconsejero de Empleo y Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social, emprendieron "modificaciones al presupuesto" autonómico para "soslayar" tales reparos mediante "transferencias de financiación" al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA).

Porque "a diferencia de la Consejería de Empleo, sujeta a fiscalización previa o crítica, el IFA está sujeto a la función fiscalizadora mediante control financiero permanente, posterior de las operaciones de contenido económico de la entidad". "Los cambios operados consiguieron que las denominadas ayudas sociolaborales soslayaran la necesaria y preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo, que se limitó a fiscalizar el montante global de las transferencias de financiación, pero que en ningún caso se refería a los expedientes de gastos de la tramitación singular de las ayudas, los cuales realmente no llegaron a existir como tales", detalla la Fiscalía.

Estas prácticas, según la Fiscalía, fueron operadas "con conocimiento de los incumplimientos ya descritos y conciencia de las consecuencias", por parte de Chaves, Zarrías, Magdalena Álvarez, Viera, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero, principalmente. Este último, gracias al mecanismo de las transferencias de financiación y su cargo como director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, dispuso así sólo durante los años 200 y 2001, de más de 93 millones de euros, "sin competencia legal para la concesión de subvenciones, sin sujeción a la fiscalización debida de la Intervención General y sin necesidad de tramitar expediente alguno".

"Prescindiendo del procedimiento"

Mientras estas citadas ayudas sociolaborales, tramitadas como ayudas excepcionales, carecían de convocatoria pública a pesar de ser lo obligado ante su permanencia por más de diez años, extremo que se repetía en subvenciones similares tramitadas para las empresas, un informe de 2003 exponía según la Fiscalía que "vistas las anteriores deficiencias, se puede concluir que la citada Dirección General (de Trabajo) ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido. Dado que las deficiencias que presentan los expedientes son comunes a la práctica totalidad de los examinados, existen dudas razonables sobre la correcta tramitación del resto de los expedientes no seleccionados".

"Con conocimiento de las deficiencias (...) y de la incertidumbre recogida por los auditores de cuentas, Manuel Gómez como Interventor General; José Antonio Griñán como consejero de Economía y Hacienda; Carmen Martínez Aguayo como viceconsejera de Economía y Hacienda y Francisco Vallejo como consejero de Innovación y presidente del IFA-IDEA, (...) no hicieron actuación alguna por la integridad de los fondos públicos para iniciar los procedimientos y mecanismos previstos para reintegrar o convalidar, en su caso, los fondos públicos", expone.

"En el ejercicio 2004 y en los inmediatos posteriores no se aprobó orden alguna para regular las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis", insiste la Fiscalía, según la cual Chaves como presidente de la Junta, Zarrías como consejero de Presidencia, Griñán como consejero entonces de Economía y Hacienda, Antonio Fernández como consejero de Empleo, Francisco Vallejo como consejero de Innovación, Agustín Barberá como viceconsejero de Empleo y Carmen Martínez Aguayo como viceconsejera de Economía y Hacienda, "no modificaron en ningún extremo el proceder de los ejercicios posteriores".

No hubo "freno"

E incluso cuando en 2007 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía habría dado cuenta de una memoria de la Intervención General, que señalaba "irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas, de modo que de forma indebida el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa", Chaves, Zarrías, Griñán, Vallejo y Antonio Fernández, "como integrantes del Consejo de Gobierno, no tomaron decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de transferencias de financiación del programa 31L".

Ya en 2009, Griñán como presidente de la Junta, Martínez Aguayo como consejera de Economía y Hacienda, Antonio Fernández como consejero de Empleo y Francisco Vallejo como consejero de Innovación, "pese a tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos descrita", "no iniciaron procedimiento alguno que permitiese el retorno debido de los mismos a la Junta de Andalucía".

La Fiscalía también achaca a Viera y Antonio Fernández que concediesen fondos públicos a terceros, de modo que al "haber ignorado las más mínimas normas aplicables en la contratación de las pólizas de seguros en las que la Consejería de Empleo ha asumido la obligación de pago, se haya abonado al menos 66.155.573,51 euros por encima de los precios de mercado en los denominados gastos de gestión externa o comisiones a las entidades mediadoras", entre otros aspectos.


Juicio oral contra 26 ex altos cargos

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita la apertura de juicio oral contra 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exministra de Fomento Magdalena Álvarez a cuenta de su papel como consejera de Economía y Hacienda.

También pide juicio oral para exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el también exconsejero de Empleo José Antonio Viera; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera como sus sucesores en dicho cargo; y los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas.

La Fiscalía atribuye a José Antonio Griñán los dos citados delitos continuados de prevaricación y malversación, solicitando para él diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, seis años de cárcel e inhabilitación absoluta durante 20 años. Para Chaves solicita diez años de inhabilitación especial por el presunto delito de prevaricación continuada.

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