El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado al Gobierno central de querer convertir en "un gran aquelarre judicial" el proceso participativo del 9N de 2014, que ha calificado de acto democrático y cívico.
Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa en la sede de PDECat, el mismo día en que la Fiscalía ha pedido en su escrito de acusación inhabilitarle durante diez años, y durante nueve años a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau, por los supuestos delitos de desobediencia grave y de prevaricación por la organización del 9N.
Junto a ellas dos en la rueda de prensa, Mas ha dicho que existe una "cadena de despropósitos" sobre el 9N y ha recordado que nueve fiscales de Catalunya desde el TSJC no vieron delito, pero el fiscal general del Estado les obligó a presentar la querella, según él, presionado a su vez por el Gobierno central.
Apoyo incondicional al referéndum unilateral de Puigdemont
Por otro lado, Mas ha suscrito este lunes "plenamente" la apuesta del presidente actual, Carles Puigdemont, de celebrar un referéndum de independencia en 2017 tenga o no el aval del Gobierno central.
En rueda de prensa para valorar la petición de la Fiscalía de inhabilitarle 10 años por la consulta del 9N, ha explicado que lo "ideal sería hacer un referéndum acordado con el Estado", pero ha previsto que siga sin ser posible sea cual sea el próximo Gobierno central.
Si el Ejecutivo español sigue sin avalar la propuesta de referéndum, Mas ha apoyado la idea de convocarlo igualmente: "No nos quedaremos quietos, no nos tumbarán pese a las amenazas y a las querellas. Quieren asustarnos, pero no lo conseguirán".
También ha pedido a los soberanistas coraje para seguir avanzando en el proceso soberanista, y que no les amedrenten decisiones como la de la Fiscalía de pedir inhabilitación por el 9N.
"El coraje no son discursos inflamados ni tuits ocurrentes, es transformar en decisiones políticas aquello que la gente pide en las urnas de forma pacífica", ha concluido.
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