Caso Palma Arena: la Fiscalía pide 2 años de cárcel para Matas

El representante del Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación por la pieza numero 8 del caso Palma Arena, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acusa al exministro de haber incurrido en delitos de fraude a la administración y prevaricación, los mismos tipos penales que atribuye por estos mismos hechos al exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester.

El fiscal pide de este modo la apertura de juicio oral contra ambos exaltos cargos del PP -en el caso de Ballester bajo una petición de multa de 540 euros-, al igual que lo solicita en el caso de la pieza número 9, centrada en la contratación 'a dedo' de los arquitectos que se encargaron de dirigir las obras de construcción, Luis y Jaime García-Ruiz, quienes acabaron percibiendo unos honorarios de unos ocho millones de euros por hacerse cargo de los trabajos del velódromo.

La Fiscalía también pide dos años de prisión para Matas y la misma multa para Ballester por estas últimas diligencias, que constituyen la pieza número 9 de la causa.

Se trata de los flecos del caso Palma Arena que más tiempo llevaban pendientes de calificar por parte de la acusación pública en el marco de una causa cuya complejidad derivó en la apertura de hasta 28 piezas separadas. El fiscal ha abierto así la vía para que Matas -quien ya cumplió nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en la primera pieza que fue juzgada de la causa y fue posteriormente condenado a una pena de multa por cohecho- vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados.

En uno de sus escritos, Horrach relata cómo en 2004 Matas encargó a Ballester tratar de obtener la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo, previsto para 2007, con la finalidad de que esta concesión sirviera de base a la construcción de un velódromo cubierto que permitiera albergar el evento.

El fiscal resalta que, pese a tratarse de un proyecto de "gran envergadura y con un evidente compromiso de gasto", la contratación no fue llevada a cabo por ninguna de las Consellerias que disponían de los medios técnicos y jurídicos necesarios para poner en marcha la licitación, sino que Matas encargó la construcción a la Fundación Illesport y posteriormente al Consorcio que se crearía al efecto, organismos que "no están obligados a pasar por los mismos controles previos que la administración 'stricto sensu' y, sobre todo, a los que pudiera imponer sus decisiones unipersonales sobre quién y cómo construiría el velódromo".

De hecho, el juez instructor de la causa, José Castro, alude a la Fundación Illesport -dependiente del Govern y liderada por Ballester- como la encargada de "dar cobertura formal a las decisiones que tomaba el presidente de la Comunidad Autónoma, sabedores ambos de que sus decisiones ni tan siquiera se sometían a la consideración de los patronos" de la Fundació "por la sencilla razón de que, como tal, el órgano colegiado sólo existía en apariencia".

Órdenes de Matas

Es en este marco en el que Matas ordenó la ejecución de la infraestructura deportiva y encargó al Illesport, con los fondos del Ejecutivo autonómico, su gestión hasta que se constituyese el Consorcio.

Según los investigadores, los patronos de la Fundación ni siquiera llegaban a reunirse para tomar decisión alguna que en exclusividad eran adoptadas por el propio presidente del Govern y el director general de Deportes. Sin embargo, hasta 22 actas "absolutamente falsas" fueron redactadas, según las pesquisas, para dejar constancia de unas supuestas reuniones "que nunca llegaron a convocarse y menos aún a celebrarse".

Así, entre las decisiones que aparentemente se adoptaron se encuentra la aprobación de un presupuesto de 46,4 millones de euros para la construcción del Palma Arena y sus cargas financieras para la ejecución de un espacio polideportivo, todo ello a pesar de que no consta estudio alguno sobre el origen de ese provisional cálculo de coste.

De igual forma se dio el visto bueno a la contratación del arquitecto inicial del proyecto, Ralph Schürmann, sustentándola en que éste contaba con el respaldo de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El contrato fue firmado el 10 de enero de 2005, por un importe de 9,4 millones de euros, "sin previo expediente de contratación y, por tanto, omitiendo deliberada y conscientemente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia".

Según Horrach, la decisión de contratar a Schürmann la tomaron igualmente, de forma unilateral, tanto Matas como Ballester quienes, "prescindiendo deliberadamente del necesario e imperativo procedimiento previo de contratación", realizaron el encargo verbal al arquitecto, al que Castro se refiere, por su parte, a "un recomendado de la UCI" pero "nada más, siendo dudosa su experiencia en la construcción de velódromos cubiertos y acreditado que existían otros profesionales con similar o superior capacidad".

"Pobre ropaje jurídico"

En esta línea, Castro recalca que "si ya pobre ropaje jurídico representaban estos acuerdos, más aún sería su escasez si se tiene en cuenta que la contratación de don Ralph Schürmann se había producido previamente al margen de los mismos". El 23 de marzo de 2006 le fue rescindido su contrato.

El fiscal señala que Schürmann presentó al cobro facturas por un total de 2,3 millones de euros, si bien finalmente se le pagó la suma de 1,6 millones.

En cuanto a la contratación de los García-Ruiz se refiere, el magistrado llegaba a calificarla de "aberración jurídica" e incidía en que aquélla "carece de todo soporte administrativo". Por su parte, el fiscal recuerda que el importe del contrato fue, por todos los conceptos, de 8,5 millones de euros. A su juicio, lo que encubría este contrato es la orden dada por Matas de que la construcción del velódromo fuese adjudicada a la empresa GR1 S.L -perteneciente a los García Ruiz- y la ejecución de esa orden por parte de Ballester.