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La proliferación de casos de maltrato animal: una cuestión de salud social

La proliferación de casos de maltrato animal: una cuestión de salud social
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(Foto: EP)
martes 08 de noviembre de 2016, 16:41h
Tras la inyección, se produce un bloqueo progresivo de las vías respiratorias, se paralizan sus músculos, pero su corazón sigue latiendo. Una agonía que puede durar varios minutos hasta la asfixia. Está consciente en todo momento, notando la angustia de verse incapaz de respirar.

Estos son los síntomas que experimentaron 573 animales, perros y gatos, entre los años 2005 y septiembre de 2007 en una perrera de Puerto Real.

El Jugado de lo Penal número 4 de Cádiz comenzará mañana el juicio, por un delito de maltrato animal continuado. Los animales recogidos eran supuestamente sacrificados indiscriminadamente, utilizando para ello Mioflex, un bloqueante neuromuscular de uso humano que se emplea para facilitar la intubación endotraqueal, y que provoca una muerte lenta y agónica.

La organización proteccionista El Refugio denunció los hechos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en junio de 2007, lo que dio lugar al comienzo la instrucción penal llevada a cabo por la titular del Juzgado número 2 de Puerto Real.

Los acusados que se sentarán este miércoles en el banquillo son el dueño de las instalaciones, la directora de la perrera y uno de los dos veterinarios, puesto que el otro se encuentra en paradero desconocido.

Durante la instrucción, la jueza determinó que hay evidencias para considerar que existe ensañamiento y crueldad en el comportamiento de los acusados; se aumenta deliberadamente el sufrimiento del animal, causándole un padecimiento desmedido sin razón para ello, ya que existe la posibilidad de aplicar sustancias que produzcan la inconsciencia mitigando su agonía.

El objeto de estas prácticas era el de abaratar costes, puesto que el precio de los medicamentos utilizados para eutanasia ética y reglada suponen un gasto considerablemente más elevado.
Además, los animales que se recogían procedentes de atropellos y accidentes eran dejados sin asistencia veterinaria durante los fines de semana, ya que no contaban con servicio de guardia, por lo que muchos morían, en ocasiones desangrados tras lenta agonía, o quedaban gravemente incapacitados.

Se trata del primer procedimiento penal contra una perrera en España, pero no es ni mucho menos un hecho aislado. La violencia sistemática contra los animales es una lacra muy presente en nuestra sociedad, que se proyecta tanto en actos individuales aislados como en otros, prácticamente normalizados en algunas industrias como la cárnica.

Sin ir más lejos, la semana pasada arrancó el juicio contra cuatro trabajadores de granja murciana “El Escobar”, que fueron grabados golpeando y matando a varios cerdos. Los pisoteaban, les daban fuertes patadas en el vientre, golpeaban sus cabezas con hierros y les clavaban espadas en el costado y en el corazón, hasta que se desangraban y morían tras varios minutos de agonía.

También la semana pasada, una explotación ganadera valenciana ha sido denunciada ante la Fiscalía por dejar sin alimentos durante meses a cientos de ovejas y a los perros que las custodiaban; los animales presentan claros signos de desnutrición y muchos de ellos además están claramente enfermos y con heridas, consecuencia de convivir entre cadáveres en diferentes estados de descomposición.

El pasado viernes, la ONG Justicia animal se personó como acusación popular en el caso de maltrato animal en Molina de Segura, donde 5 menores atacaron salvajemente cerdos y cabras, mutilándoles hasta la muerte y grabándolo todo el vídeo. Lo difundían en redes sociales y grupos de Whatsapp, y tenían pensado agredir a una persona elegida al azar durante la noche de Halloween, cubriéndose el rostro con máscaras.

En uno de los vídeos se puede observar como durante tres minutos y medio golpean reiteradamente la cabeza a una cabra, la patean, le pisan el cuello, saltan sobre ella, la levantan en peso y la lanzan contra el suelo hasta que finalmente, agonizante, la lanzan al río entre risas.

Este último caso es el ejemplo perfecto de como la violencia hacia los animales puede suponer una evidencia a tener en cuenta para determinar la potencial peligrosidad del sujeto. La relación existente entre la violencia interpersonal y el maltrato animal es un tema ampliamente estudiado en criminología; la insensibilización hacia el sufrimiento animal desde temprana edad, con independencia de la cultura o el entorno socioeconómico del sujeto, está relacionado con una potencial conducta criminal.

De hecho, el maltrato animal durante la infancia es uno de los tres rasgos de la personalidad, junto con la enuresis y la piromanía, de la llamada triada de McDonald: tres signos que están relacionados con la psicopatía y el futuro desarrollo de una carrera delictiva.

Podemos decir que este tipo de comportamientos a edades tempranas (recordemos que los acusados son adolescentes) son un signo de alarma para posteriores diagnósticos de Trastorno Antisocial de la Personalidad.

Los casos relatados son solo algunos de los que han tenidos repercusión mediática durante esta última semana, pero son solo la punta de iceberg. Vivimos en una cultura que no esconde ni estigmatiza la violencia. Esta aparece de manera abierta en los medios de comunicación, en el cine e incluso en videojuegos destinados a menores.

El maltrato animal es mucho más habitual de lo que imaginamos; tanto es así que en muchos casos este tipo de actos son inapreciables para el ojo no entrenado. La invisibilidad de este tipo de violencia, viene en gran medida determinada por la “banalización” como mecanismo de exculpación de responsabilidades por parte del ciudadano: “son solo animales”, se suele decir.
La normalización de la agresividad puede llegar a causar un efecto de “tolerancia” dentro de la sociedad. Estas manifestaciones violentas no solo se proyectan sobre el mundo animal, sino que tienen una consecuencia global: se trata de un factor que predispone de forma genérica hacia la violencia social, y al mismo tiempo, es una consecuencia de ella.

La crueldad animal está presente en un amplio abanico de conductas y nos puede dar mucha información sobre el estado de la sociedad y sobre la propia personalidad del individuo. Éstas prácticas pueden ir desde el maltrato a animales domésticos hasta la utilización del sufrimiento para fines supuestamente culturales; pero tampoco debemos olvidar las aberraciones cometidas por la industria de la carne, u otras prácticas más ocultas como la explotación sexual.

En la mayoría de los países de nuestro entorno, el debate sobre la protección animal gira en torno al bienestar animal y los daños causados por la experimentación, mientras que España sigue anclada en el eterna polémica de las prácticas de tortura y ejecución animal amparadas en la “tradición” y el espectáculo. Solo si se supera este escollo, se podrá desarrollar una legislación sobre protección animal verdaderamente efectiva y coherente.

La reciente LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal se ha quedado corta al respecto, y su principal problema, dejando a un lado aspectos relativos a la falta de medios materiales, reside en centrarse únicamente en la represión penal como método para paliar este tipo de conductas. Es absurdo pretender que las actuaciones penales sirvan para educar en contra del maltrato hacia los animales en una sociedad en la que se sigue permitiendo y fomentando ese mismo maltrato en forma de “expresión cultural y tradición”, considerándose incluso parte de un patrimonio histórico que debe conservarse para mantener la identidad del país.
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