El informe del Tribunal de Cuentas señala que las formaciones políticas declararon recursos por un total de 57.745.410 euros, de los que un 58,7% procedía de endeudamiento bancario, un 28% de adelantos de subvenciones electorales, un 12,8% de aportaciones de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.
No obstante, los gastos debidamente justificados los cuantifica el organismo en 55.366.760 euros, de los que el 65,4% corresponde a operaciones electorales ordinarias y el 34,6% al envío de propaganda electoral.
En ningún caso el Tribunal de Cuentas penaliza a ninguna formación con la eliminación de la subvención electoral y sólo en el caso de Ciudadanos formula una propuesta de reducción en un 10% de los gastos no autorizados por valor de 48,4 euros.
Eso sí, señala ciertas irregularidades menores detectadas en relación a la campaña de las elecciones generales como: proveedores que no han comunicado a tiempo las facturas, ingresos o gastos no efectuados a través de la cuenta bancaria específica…
Recomendaciones del Tribunal de Cuentas
Para solventar las incidencias, el
Tribunal de Cuentas recoge en su informe una serie de recomendaciones como son: evaluar la eficiencia del envío de papeletas; acotar mejor la justificación de los gastos electorales, así como los límites en los gastos en publicidad exterior y prensa; reformular los límites de gastos electorales en función de los electores, o considerar donaciones privadas sujetas a la LOREG a todas aquellas efectuadas desde la propia convocatoria de las elecciones y no sólo en el transcurso de la campaña electoral...
Por otro lado, expone concretamente: "Debería valorarse la oportunidad de realizar una mayor regulación legal de las nuevas fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos".
En el apartado de Podemos, formación que hace gala de esta fórmula de financiación, el Tribunal de Cuentas expone que las aportaciones del partido declaradas ascienden a 2.814.283,49 euros correspondiendo “a las operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos para financiar la campaña electoral que, por importe de 2.874.058,57 euros, la formación ingresó en una cuenta bancaria distinta de las cuentas electorales comunicadas a la Junta Electoral Central y a las Juntas provinciales y que, mediante sucesivas aportaciones, fue transfiriendo a las mismas”.
No obstante, el propio informe ya recoge que el análisis de fiscalización ha revisado los microcréditos para comprobar que los aportantes estaban correctamente identificados y que los importes de los créditos no excedieron el límite máximo legal, así como que dichas operaciones se hubieran formalizado debidamente a través de contratos que estipularan las condiciones esenciales de las mismas (tipo de interés o plazo de vencimiento), y que se verificará, en el marco de la fiscalización anual, el efectivo reintegro por parte de la formación política en cuestión tras el cobro de las subvenciones electorales.
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