Centrémonos en los Derechos Fundamentales que contienen la Constitución española, que tanto indignan a la ciudadanía. Por ejemplo, entre ellos está siempre en entredicho el artículo 47, recogido en el capítulo tercero, Título I, donde se dice literalmente que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Sería tan sólo un principio básico sin contenido sino fuera porque a continuación se expresa que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
Éste es uno de los puntos más controvertidos porque los partidos de la izquierda real exigen que esto deje de ser una simple consideración de derecho en la Carta Magna y que tenga una aplicación real mediante dotación de medios e instrumentos legales para que se cumpla. También entraría la consideración del derecho a una serie de servicios básicos para la vida como son la luz, el gas o el agua, actualmente todos de pago con pocas excepciones para los colectivos más castigados por la pobreza energética. Los desahucios están a la orden del día y fueron una realidad diaria trágica durante los peores momentos de la crisis económica que comenzó en 2008. Hace poco falleció en Cataluña una mujer por el incendio provocado por las velas con las que iluminaba y calentaba su casa tras sufrir el corte energético por falta de pago.
Otro aspecto fundamental es el de la sanidad pública. La Constitución promete garantizarla mediante la "protección de la salud" en el artículo 43: "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto". Desde hace años colectivos sociales y profesionales denuncian el desmantelamiento del servicio sanitario público a favor de las compañías privadas y las aseguradoras, grandes beneficiadas de los recortes en Sanidad, que provocan que miles de españoles recurran al sector privado para gozar de mejores servicios sanitarios, de primer orden de importancia para el ciudadano.
En el campo de la educación tenemos el mismo problema. La Constitución habla del "Derecho a la educación libre y gratuita", pero mediante la precarización del sector educativo se ha tendido a crear una educación de clase a y otra de clase b para los ciudadanos. En muchos casos la situación de la educación pública es tan grave que se tiende a apostar por la privada para que los hijos tengan un nivel digno en todos los aspectos, desde los propiamente educativos como ambientales.
Estos tres pilares fundamentales: techo, sanidad y educación, que no garantizan por cierto 'el pan de cada día', están en entredicho actualmente. Las buenas dotaciones de las tres están en manos del sector privado, que es el que garantiza la calidad y cantidad en todos ellos.
Otros derechos en peligro
También están en cuestión otros derechos y libertades constitucionales como el derecho a una Justicia gratuita, ya que tras la primera legislatura del PP, pese a la retirada de las tan polémicas tasas judiciales del ex ministro Gallardón, se ha creado una justicia también de clase a y otra low cost que no garantiza una plenitud de posibilidades reales. Acceder a abogados, notarios, peritos, procuradores... no facilitan al ciudadano medio disponer de unos servicios plenos en este aspecto.
Y aunque está en camino la derogación de la llamada popularmente como 'Ley mordaza', cuyo eufemístico nombre oficial es el de Ley de Seguridad Ciudadana, otros derechos y libertades han quedado más que aplastados por el actual Gobierno Rajoy. Con esta legislación se limitaron algunas libertades como la de información, manifestación, reunión, de circulación, seguridad jurídica ante las autoridades...
Otros derechos que no siempre se defienden con anhelo y que siguen siendo motivo de batalla en la calle son la igualdad ante la ley, el derecho a una comunicación libre, el derecho a la información, el derecho a participar en asuntos públicos, la libertad de sindicación y a su vez no obligación de afiliarse, el Derecho de huelga sin posteriores represalias laborales, la negociación colectiva, el derecho y deber de trabajar, la no discriminación por edad o sexo en el trabajo...
Punto y aparte merece el tema laboral. La Constitución española de 1978 promete que se velará por que el Estado tenga una política de pleno empleo, algo más que subjetivo, así como el derecho a una "Remuneración suficiente". Esto, como es sabido, se marca por medio del SMI, el salario mínimo interprofesional, más que en continuo entredicho. Actualmente se ha aprobado que para 2017 sea de 707 euros, algo que como hemos demostrado echando mano de la calculadora, es más que insuficiente para el ciudadano español que quiera llevar una vida digna. Recopilando datos, un trabajador medio en España, soltero o sin más ingresos en su familia, necesita una media de 1.300 euros para sobrevivir con lo mínimo, sin lujos ni excesos, y sin calcular vacaciones.
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