Podemos desinfla su iniciativa estrella sobre la emergencia social

La primera iniciativa registrada por Podemos nada más aterrizar en el Congreso de los Diputados fue la 'Ley 25 de emergencia social', nombrada así en referencia al artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos. La propuesta se anunció a bombo y platillo en un momento en el que el dicurso de la formación morada apenas incorporaba las críticas a los límites del parlamentarismo.

Han pasado exáctamente once meses desde el registro de la que iba a ser una de las propuestas estrellas de Podemos y la formación de Pablo Iglesias contempla no sacarla del cajón. En vez de eso, reconocen la necesidad de trocearla en diferentes iniciativas para corregir los defectos de forma que tenía.

Así lo ha apuntado el secretario de relaciones con la sociedad civil de Podemos, Rafael Mayoral, que ha señalado que se quieren centrar también en la iniciativa de la renta mínima garantizada, ya que es uno de los elementos que no estaba incluido en la 'Ley 25'. Esta carencia ya fue apuntada por el propio Mayoral durante el primer debate de la proposición de ley, que reconoció que era sólo un primer paso para abrir el diálogo.

La iniciativa sí incluia la prohibición de desahuciar a personas en situación de exclusión cuando no hay alternativa habitacional, la obligación de los grandes tenedores de vivienda a facilitar una parte para fines sociales, la prohibición de los cortes de suministros a hogares en riesgo de exclusión o la supresión del copago farmaceutico.

La propuesta de Podemos fue admitida a trámite a pesar de las críticas de prácticamente todos los grupos políticos -"es una chapuza", llegó a asegurar Joan Tardà-, pero decayó al terminar la legislatura por la repetición electoral.

"Estamos abiertos a modificar lo que haga falta, no sólo con los partidos, sino también con la sociedad civil. Habrá cosas que podamos meter que en esta ocasión no estaban, flecos que hay que cubrir,... A nosotros lo que nos interesa es el fondo, el contenido de la iniciativa, que es mejorar la vida de toda la gente que se encuentra en esa situación", apuntaba a Diariocrítico en junio el diputado Alberto Rodríguez sobre las críticas recibidas a la propuesta.

Límites a las empresas

Rafael Mayoral ha reconocido la posible modificación de la iniciativa en la presentación este lunes de un informe sobre la relación de las transnacionales con la pobreza energética y la violación de otros derechos humanos. El documento elaborado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) ha contado con la participación de los eurodiputados de Podemos Lola Sánchez, Miguel Urbán y Xavier Benito.

Según ha explicado Urbán, las propuestas recogidas en el informe están avaladas por los tres eurodiputados en concreto, ya que en algunos aspectos van un poco más allá de lo establecido en el programa de Podemos.

Urbán ha reiterado algunas de las propuestas que la formación morada ya ha puesto sobre la mesa en el debate nacional como la modificación del bono social -la ayuda para el pago de la electricidad para los consumidores más vulnerables- para que incluya criterios de renta. El dirigente también ha apostado por prohibir las puertas giratorias para evitar que el paso de los políticos hacia las grandes empresas eléctricas pueda suponer algún beneficio para estas.

Pero el informe del OMAL contempla un acuerdo internacional para que los Estados avancen en la remunicipalización y nacionalización de empresas de sectores estratégicas como medida para garantizar el acceso de los ciudadanos a algunos bienes y servicios.

Urbán ha precisado que él prefiere hablar de convertir determinados bienes en comunes o colectivos, porque, según él, lo público ya ha sido muchas veces privatizado. "Defendemos un modelo energético alimentado por renovables, controlado de forma colectiva, con una filosofía inspirada en la justicia social y con una vocación de interés público", defiende la parte del texto firmada por los eurodiputados de Podemos.

Ninguna PL

En la actual legislatura, Podemos no ha presentado de momento ninguna proposición de ley sobre la lucha contra la pobreza energética en el Congreso de los Diputados. Sí lo ha hecho en cambio el PSOE, que registró una iniciativa para la protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética que aún no ha llegado al pleno.

Unidos Podemos sí llevó al hemiciclo una interpelación urgente y una pregunta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre "las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos". El Gobierno ya se ha pronunciado sobre las demandas de Podemos y de otros grupos de la oposición asegurando que la prevención social de la pobreza energética es una competencia de las comunidades autónomas y no del Estado.

Otro intento de la formación morada de llevar este debate al Congreso fue la petición de comparecencia del presidente de Gas Natural, Isidro Fainé, para que explicara cómo garantiza su empresa el cumplimiento de los derechos humanos. Esta petición se produjo tras el fallecimiento de Rosa, una anciana en Reus cuya vivienda se incendió tras haberle cortado la electricidad.

La Mesa del Congreso tiene paralizada esta petición al considerar que el control de la Cámara Baja no se extiende a las entidades privadas. En la misma situación está la tramitación de una solicitud registrada por Ciudadanos para la comparecencia del consejero delegado de Gas Natural Fenosa para que explicara la gestión de su empresa también por el suceso de Reus.

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