La confluencia catalana En Comú Podem ha aprovechado las fechas navideñas para lanzar una compaña de sensibilización contra el CETA, el equivalente al TTIP que se ha aprobado entre la Unión Europea y Canadá. A través de un 'recetario', En Comú y el resto de espacios de Unidos Podemos denuncian que si el tratado se ratifica implicará la flexibilización de regulaciones que afectan directamente a los productos alimenticios, como la utilización de anabolizantes para el ganado o de transgénicos en la agricultura.
'El gran libro de las recetas del CETA'. Así se llama la campaña impulsada por En Comú Podem contra la ratificación del tratado internacional firmado el pasado octubre entre la Unión Europea y Canadá. Unidos Podemos no da por perdida aún esta batalla y busca sensibilizar a la opinión pública contra el tratado después de que decayera una propuesta parlamentaria para rechazarlo.
"El CETA implica una pérdida de soberanía por parte de los estados y afecta a los derechos básicos de la ciudadanía", han advertido desde la confluencia catalana. La confluencia catalana firma junto con el resto de espacios del grupo confederal un documento que mezcla recetas tradicionales de platos navideños con una lista de efectos perniciosos que, según ellos, tendrá la aplicación del tratado.
La idea de lanzar un 'recetario' se basa en el argumento de que el CETA afectará en gran medida a la industria alimenticia, según cuenta el propio documento. Así, por ejemplo, En Comú denuncia que, si se asemejan las regulaciones de las empresas, se permitiría aplicar una normativa más laxa para la ganadería e importar productos tratados con menores garantías.
En concreto, apuntan que Canadá permite la utilización de medicamentos y anabolizantes para tratar a los animales que en la Unión Europea están prohibidos, y que tienen unas normas más flexibles sobre la aplicación de hormonas.
También señalan la cantidad de sustancias transgénicas y herbicidas que utiliza Canadá en la agricultura. Además, consideran problematico el elevado número de empresas que hay en este país que son filiales de Estados Unidos, por lo que aplican una regulación que En Comú considera también demasiado laxa.
Otra de las cuestiones en la que se centran y que ya causó polémica en la negociación sobre el TTIP es la creación de tribunales de arbitraje específicos, que podrían modificar la relación y los conflictos entre los Gobiernos y las multinacionales. Desde En Comú califican a estos órganos de arbitraje como "tribunales VIP, opacos y carísimos".
El grupo liderado por Xavier Domènech ha rechazado que este tratado puede generar más empleo y ha destacado que sólo afectará de forma negativa a los derechos fundamentales. "Es inadmisible que los gobiernos europeos, tras la coartada de la Unión Europea, pongan en venta nuestras soberanías: jurídica, alimentaria, medioambiental, comercial, laboral, sanitaria, educativa...", insiste el documento promovido por Unidos Podemos.
La iniciativa fallida
Desde En Comú Podem denuncian además que el Gobierno no quiere permitir un debate amplio en el Congreso. Unidos Podemos ya llevó a la Cámara Baja este asunto, con la denuncia añadida de que el Gobierno estaba en funciones cuando dio su visto bueno y que actuaba de espaldas del resto de formaciones.
"El Gobierno en funciones de este país autorizó y negoció sin que este Congreso, sin que la sede de la soberanía popular, haya sido informado, haya podido debatir sobre su contenido o haya podido controlar o limitar la acción del Gobierno", denunció entonces Pablo Bustinduy en la Comisión de Asuntos Exteriores.
La propuesta original de Podemos instaba al Gobierno a solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre posibles incompatibilidades con otros tratados europeos y a rechazar la aplicación provisional del CETA antes de proceder a aplicar los procedimientos previstos para la ratificación de este tipo de acuerdos, incluido el referéndum a la ciudadanía.
La iniciativa de Podemos contó con el rechazo de PP y Ciudadanos, que destacaron los posibles beneficios del tratado, pero también del PSOE, que, aunque manifestó sus dudas por algunos aspectos del CETA, aseguró que trabajarían por mejorarlo y no por obstaculizarlo.
Desde Compromís también hizo un intento de aprobar una iniciativa de rechazo al CETA, en su caso presentada a la Comisión de Economía antes de que la Unión Europea hiciera oficial la firma del tratado, aunque no llegó a tramitarse a tiempo. Además de eso, se han presentado una decena de preguntas y solicitudes de comparecencia para que el Gobierno explique en la Cámara Baja la postura sobre el CETA, todas registradas antes de la firma del tratado.
En la actualidad, el tratado se encuentra en fase de ratificación por los diferentes Estados miembro. El momento decisivo será la votación final por la que tendrá que pasar el CETA en el Parlamento Europeo, prevista, en principio, para febrero de 2017.
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