Puigdemont y compañía

Los medios informativos han tomado como un rasgo de humor que el influyente web “Político” estadounidense haya colocado a Carles Puigdemont entre las personas que “probablemente arruinarán el 2017”. La portavoz de la Generalidad catalana Neus Munté consideró que esta inclusión situaba el proceso soberanista en el mapa internacional. Es cierto. Lo sitúa como una auténtica amenaza para la convivencia dentro de instituciones legales y civilizadas. No se trata de ninguna broma sino de un agudo diagnóstico sobre lo que significa ese hipotético “derecho a decidir” que es como meter explosivos en los cimientos arquitectónicos de los sistemas democráticos. No solo es España la amenazada por el disparate. La Generalidad y el Gobierno están, según “Político” en un “rumbo de colisión tan espectacular como un Barça-Madrid de futbol”. Efectivamente, un Barça-Madrid es un espectáculo de audiencia internacional capaz de repercutir en cualquier lugar del planeta y, por ello, capaz de propagar tendencias que por contagio pueden envenenar el mundo como una pandemia perniciosa.

El problema que manchará el calendario del nuevo año y calificará a los políticos responsables de darle el tratamiento adecuado es el proceso cultivado por Puigdemont y compañía. No por el peso específico de Cataluña en sí misma sino porque el desafío planteado por el desigual equipo encaramado en las instituciones autonómicas de Cataluña no solo afecta a toda España sino a un concepto internacional del Derecho Político. No solo porque plantee la secesión de una parte de territorio nacional sin contar con la mayoría de los pobladores de la nación y tampoco con la mayoría delos pobladores del territorio en cuestión sino porque abre la puerta a la desintegración de la nación como concepto y, a través de ello, de la Unión Europea ya afectada por el impacto del Brexit. El supuesto derecho a decidir que alega Puigdemont y acompañantes no es una peculiaridad especial reclamable desde un fragmento de un territorio determinado sino un falso principio, inaceptable en el Derecho Político universal que lo mismo vale para Cataluña que para Cartagena, para el Bierzo, para Galicia o para el antiguo Reino de Granada. Es como una bomba termonuclear en los cimientos de la legalidad y la estrategia de Occidente. Si este supuesto derecho a decidir se aceptase como tal por el mundo libre todas sus estructuras nacionales se podrían derretir como mantequilla con elevar un poco la temperatura cualquier pandilla de folkloristas. Nuestros ejércitos no llegarían a ser siquiera mozos de escuadra sino escuadras de mozos, las monedas cromos intercambiables y las vías de comunicación carreteras de cercanías. La humanidad no evolucionó a través de los siglos para permitir que en el Siglo XXI sus Estados revienten como globos, llevándose por delante sus asociaciones de Estados y sus Tratados de convivencia internacional. El llamado Estado Islámico sería una amenaza menor para la civilización que la autodestrucción programada de las potencias nacionales a golpe de referéndum local sin cobertura jurídica.

Esto no lo quieren comprender quienes, como Puigdemont y compañía, se han metido en ese camino a ninguna parte. Pero, tampoco, se lo han dicho con suficiente claridad y contundencia quienes debían haber permitido el crecimiento de una infección tan engañosa sin aplicar los sobrados remedios a su alcance para cortarla. Porque el tema en su concreción no es para asustar a nadie. Una sociedad plural y razonable, como es la catalana, está soportando durante décadas una presión política y cultural en una sola dirección. Pero no de abajo hacia arriba sino desde arriba hacia abajo. Son los medios económicos, los instrumentos educativos y las estructuras simbólicas de poder quienes, gracias a la conducta torticera de unos usuarios abusivos de las competencias oficiales han manipulado a un pueblo en contra de sus intereses y de sus afectos. Han aprovechado las relaciones de cercanía, las modulaciones del lenguaje y la rutina de las costumbres para presentarse como exclusivos administradores de lo común y han traicionado a sus administrados descuidando sus deberes cotidianos y dándoles gato por liebre. A pesar de todo ello ahí están los ciudadanos anónimos negándose a comulgar con la rueda de molino del veneno separatista, más de la mitad y no sabemos cuántos más si el Estado recuperase sus instrumentos de poder y de propaganda. No hay otra tensión separatista que la estimulada por quienes aceptaron asumir las instituciones constitucionales de Cataluña y abusaron de unas facultades con gestiones que nadie les encomendó. ¿Cuál sería el peso de políticos de la escasa talla de Puigdemont y compañía si tuviesen que actuar desde su propia capacidad de convocatoria, con sus propios medios y sus propias tribunas, desprovistos de su doble personalidad de autoridades legales contrarias a la legalidad?

Solo son un mosaico dividido donde los más extremistas presionan a los más enclenques y donde cohabitan ambiguos ventajistas del “sí” al “derecho a decidir” para luego, quizá, predicar decidir “no”. Esa es la pobre masa crítica que agita las “esteladas” como cartas a los Reyes Magos y que manejan la historia trucada de la Guerra de Sucesión disfrazada de Guerra de Secesión. Los que mantienen una sociedad narcotizada por soportes mediáticos unidireccionales. Enfrente descansa más de lo debido un poderoso Estado que parece desconocer que su potencia sería aclamada si se ejerciese “Urbi et orbi”. En esta situación más de media Cataluña está esperando que alguien defienda su derecho a no decidir nada contra sí misma.