El Tribunal de Cuentas ha aprobado el ‘Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015’ en el que concluye que el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado esta fiscalización tras examinar a las siguientes entidades: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); los tres Fondos de Garantía de Depósitos que existían hasta el 15 de octubre de 2011 y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito -que sustituyó a los anteriores-; y el Banco de España, como institución supervisora del sistema bancario.
Tras el análisis, en el ‘Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015’ se recoge, entre otras conclusiones, el coste que ha supuesto el rescate bancario para las arcas públicas.
En referencia a los recursos públicos comprometidos, el Informe señala que, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2015, el importe ascendió a 122.122 millones de euros.
En este sentido, la fiscalización también apunta que, al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones. Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.
Sin embargo, no todas estas medidas suponen un coste del proceso para el sector público. Según las estimaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros. El principal componente de este coste fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas (46.021 millones de euros).
La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración. De esta forma, para interpretar adecuadamente el dato de coste estimado al cierre de 2015, debe tenerse en cuenta el hecho de que ciertas operaciones realizadas con posterioridad a esa fecha, como la venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de diciembre de 2015, pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe.
Por otra parte, la fiscalización observa que, en líneas generales, las entidades fiscalizadas han cumplido adecuadamente la normativa reguladora y echó en falta documentación acreditativa del seguimiento.
Tras la fiscalización, el Tribunal formula una serie de recomendaciones, entre ellas: que el FROB apruebe, para cada procedimiento de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración o resolución, un documento en el que se regule el citado proceso; y que, tanto el FROB como el Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, deberían establecer un sistema de contabilidad analítica que permita conocer, de forma directa e inmediata, los recursos que se aplican a cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables a los mismos.
Si (
No(
