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España, a través de organiazciones sociales, se suma este 21-E al rechazo europeo al Tratado Comercial con Canadá

viernes 13 de enero de 2017, 09:29h

El peligro respecto al Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) -también conocido como el ”TTIP canadiense”, por sus similitudes con ese acuerdo- se encuentra en la fase final de su proceso de ratifictan rechazado por multitud de organizaciones sociales y por los partidos de izquierda, ya está aquí. Porque el próximo 24 de enero será votado en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo. Por ello, la Campaña NO al TTIP, CETA, TiSA, así como muchas otras campañas europeas, ha convocado movilizaciones en todo el territorio el día 21 de enero para incidir sobre la votación del Tratado en febrero.

El CETA ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas. En la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea.

En la siguiente fase del proceso, la última antes de su aplicación provisional, el acuerdo en su totalidad (sin posibilidad de añadir enmiendas) será votado en el pleno del Parlamento Europeo,en los primeros días de febrero. En caso de ser ratificado, amplias secciones del tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente, de forma previa a la ratificación final por parte de los distintos parlamentos nacionales

A pesar de que varios anexos y “declaraciones interpretativas” han sido añadidas al CETA a posteriori para tratar de sumar apoyos, estos textos no modifican sustancialmente el acuerdo, que continúa presentando numerosos problemas .El CETA estuvo a punto de quedar bloqueado en el Consejo Europeo por la negativa del Parlamento de la región belga de Valonia a dar el visto bueno a su aprobación, pero finalmente las numerosas presiones internacionales forzaron a los belgas a aceptar el tratado.

El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado (ICS) de acceso exclusivo a los inversores extranjeros. Un auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso.

En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones y se quedan en declaraciones huecas que no equilibran otros capítulos del tratado que afectan a los derechos de los trabajadores o la protección del ambiente.

El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicosy para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que los pequeños beneficios del tratado seran fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.

El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentalescomo el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra patentes excesivas. Las normas en cuanto a cooperación reguladora y a las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.

En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida,obstruiría las políticas de compra pública de alimentos locales, y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el dersarrollo de una agricultura sostenible. Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser puestas en cuestión por el CETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protege explícitamente el del principio de precaución en la política regulatoria europea.

Por estos motivos, las organizaciones que forman parte de la campaña NO al TTIP, CETA, TiSA convocan un día de movilizaciones en todo el territorio español el 21 de enero; para mostrar su rotundo rechazo a este acuerdo comercial, y conminan al Parlamento Europeo, al Parlamento canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales, que tienen voz y voto en el proceso de ratificación, a defender los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA, votando en contra de la ratificación del tratado.

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