Tras la apertura en 2006 de un expediente por parte de la Comisión Europea a España por el desdoblamiento de la madrileña M-501, en enero el organismo internacional volvió a mostrar su opinión desfavorable al proyecto. Finalmente ha sido remitido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En octubre de 2006, la Comisión Europea abrió un expediente a España por considerar que los trabajos de ampliación de la M-501, que supondrán la conversión en autovía de un tramo comprendido entre Quijorna y Navas del Rey, ponían "en grave peligro áreas protegidas".
Meses después, en enero de 2007, la Comisión Europea, a través de una comunicación del director general de Medio Ambiente, M.P. Carl, aseguró que el proyecto de desdoblamiento de la carretera "fue fragmentado con el fin de minimizar la dimensión de los impactos, disminuyendo el tamaño del proyecto para que aparentemente y de forma artificial la afección del territorio sea menor".
En la misiva, la Comisión consideraba que las obras, desarrolladas por la Consejería de Transportes e Infraestructuras, "deberán cumplir las obligaciones" de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), que establecen que cualquier proyecto debe someterse a "una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar". Y recomendaba a la Administración regional que procediese a "una correcta evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la ZEPA, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar".
Las quejas de las asociaciones ecologistas que se implicaron en este asunto apuntaban a que la Comunidad estaba incumpliendo las condiciones ambientales que se había autoimpuesto, como en el caso del número de árboles que se iban a trasplantar y las condiciones para ello.
Además, la organización Sierra Oeste Desarrollo SOStenible presentó decenas de quejas ante el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente pidió al TSJM una investigación sobre los sucedido. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia desestimó al petición formulada por Ecologistas en Acción para paralizar las obras de desdoblamiento.
La Comunidad se defiende
Tanto el ex consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, como el actual consejero de Transportes de la Comunidad, Manuel Lamela, han defendido el proyecto regional por considerarlo "humanitario". Así, el primero aseguró que aunque hubiese un resultado negativo de una de las dos declaraciones ambientales realizadas para distintos tramos del proyecto, las obras se adaptaban al derecho comunitario, pues "el artículo 6 de la Directiva de Hábitats prevé que, a pesar de que exista una declaración de impacto ambiental negativa, se puede acometer una obra por razones de seguridad y eso es exactamente lo que está sucediendo en este caso".
Meses después, Lamela ofreció datos para avalar que el motivo del proyecto era la seguridad: el índice de mortalidad en el tramo de 18 kilómetros que se está desdoblando es un 66 por ciento mayor al de los 22 kilómetros que ya se han duplicado.
No obstante, oposición y ecologistas han pedido durante todo este tiempo la interrupción de las obras y la realización de una Declaración de Impacto Ambiental única.
En marzo, la CE dio un ultimátum de dos meses a España para la corrección de los subproyectos en los que dividieron las obras para adaptase a las normas comunitarias de protección de hábitats, y anunció que si no obtenía una respuesta satisfactoria denunciaría a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, como finalmente sucedió en agosto.
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