La formación de Albert Rivera abrió 30 expedientes sancionadores a afiliados en 2016, una cifra que supera el número de estos procedimientos en los cuatro años anteriores juntos. Además, a partir de 2015 se dispararon la resoluciones de consultas sin apertura de expediente. Así lo refleja el informe de la Comisión de Garantías de Ciudadanos que se ha elaborado antes de la IV Asamblea General del partido, en la que precisamente se debatirá el endurecimiento del código sancionador del partido.
La Comisión de Garantías de Ciudadanos ha experimentado un incremento de su actividad en los dos últimos años. Así se plasma en el informe que presentará este órgano en la IV Asamblea General del partido, que se celebrará este fin de semana.
En concreto, el número de expedientes sancionadores a afiliados experimentó una importante subida en 2016, año en el que se iniciaron hasta 30 procesos por denuncias de militantes. Esta cifra contrasta con los cuatro ejercicios anteriores, puesto que en 2015 sólo hubo un expediente, mientras que en 2014 se iniciaron 18; en 2013, tres y otros dos en 2012.
Los datos de 2017 también apuntan a una consolidación de la tendencia al alza. Sólo en los primeros 19 días de este año se registraron 4 expedientes y 80 consultas, impugaciones o reclamaciones que no están admitidas a trámite.
Sin embargo, la mayor parte de los expedientes abiertos en estos años han acabado siendo desestimados. Así, por ejemplo, sólo cinco de los 30 que se iniciaron en 2016 concluyeron en sanción, mientras que los otros 43 fueron archivados.
La realización de consultas e impugnaciones sin llegar a la apertura de expediente también se ha incrementó en Ciudadanos a partir de 2015, año en el que se produjo un pico en este tipo de procedimientos con un total de 132. Los ejercicios anteriores no registran ningún tipo de consulta, mientras que en 2016 se produjeron un total de 72.
Por comunidad autónoma, destaca el papel de Cataluña como origen de la mayor parte de procedimientos, especialmente hasta el lanzamiento del partido a nivel nacional. La única excepción a esta situación, se produjo en 2012, cuando los únicos incidentes vinieron de Madrid.
En 2015 Madrid vuelve a convertirse en la comunidad en la que más actividad tuvo que tener la Comisión de Garantías, mientras que en 2016 destacaron Andalucía y la Comunidad Valenciana como focos de los procedimientos.
La cuestión del régimen sancionador de Ciudadanos ha sido polémica de cara a esta Asamblea General, debido a la propuesta de la dirección de incluir nuevos supuestos que suponen causas de sanción o expulsión para los afiliados. La cúpula de la formación naranja ha accedido a cambiar la referencia a la prohibición de "corrientes de opinión" dentro del partido por la de "grupos organizados" que actúen en contra de los intereses de Ciudadanos.
Pero además hay otros añadidos en la propuesta de estatutos, como la considerar como causa de baja "la manifestación pública de discrepancia grave con la ideología, principios, o fines del Partido, realizada durante actos de propaganda, reuniones públicas o a través de cualquier medio de comunicación que garantice la publicidad del hecho".
También será motivo de sanción la "deslealtad hacia el partido" por parte de cualquier cargo público, la incitación al incumplimiento de decisiones tomadas por los órganos del partido, las declaraciones públicas que comprometan al partido sin contar con autorización, la difusión de "falsedades" sobre un compañero o el compromiso con otro partido sin tener el visto bueno del partido.
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