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9 empresarios confiesan al fiscal que financiaron ilegalmente al PP de Valencia entre 2007 y 2008

9 empresarios confiesan al fiscal que financiaron ilegalmente al PP de Valencia entre 2007 y 2008

> La noticia salta en la víspera del Congreso Nacional del Partido que empieza este viernes

jueves 09 de febrero de 2017, 16:58h
Una especie de regalo envenenado, que llega desde Valencia, un día antes del Congreso Nacional de Partido Popular. Porque un total de nueve de los empresarios imputados en el próximo juicio por la financiación ilegal del PP han 'cantado'. O sea que, para que si son condenados, las penas sean más leves por su arrepentimiento, han confesado, llegando a lo que oficialmente se denomina como acuerdo de conformidad, que participaron en esta forma de financiar el partido en sus gastos electorales. Pero no en una sóla ocasión, sino en tres comicios: las generales de 2008 y, antes en las municipales y autonómicas de 2007.

Este jueves se ha sabido que son seis los dueños de empresas que participaron en esta irregularidad y que ahora, por lo que les interesa ante un juicio que comenzará el 13 de marzo, en plenas Fallas, y no quieren quemarse más allá de lo imprescindible. Estos seis, que para mayor regalo al Congreso del PP de este viernes, van a declarar en Madrid el mismo día ante a la Fiscalía Anticorrupción, se suman a los tres que ya habían aceptado hace unos meses ese acuerdo de conformidad para que se les reduzca la posible pena: Alejandro Pons, José Francisco Beviá y Enrique Ortiz.

Tanto para estos tres últimos como para los que se han sumado ahora esas condenas -jurídicamente por falsedad en documento mercantil- ya están solicitadas oficialmente por la propia Fiscalía y van de los cuatro a los seis años, por lo que, si no se reducen ahora por su arrepentimiento y confesión, entrarían en la cárcel al ser superiores a dos años. Además de los propios fiscales, obligados a ello, en el caso, que comenzó en el ya casi lejano 2008, el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) está presente como acusación particular.

Todo empezó cuatro años antes de la denuncia y primeras investigaciones, 2004, con la ya famosa Orange Market, propiedad de Álvaro Pérez 'El Bigotes', y pronto se extendió a otros dos de los también implicados en el caso Gürtel, como Francisco Correa y Pablo Crespo, y a otros empresarios como Juan Cotino -sobrino de quien fuera presidente del Parlamento Valenciano, Juan Cotino- y Ramón Blanco. Pero políticamente los acusados son los que entonces eran altos cargos del PP y de la Comunidad Valenciana en la que gobernaba Francisco Campos, como Vicente Rambla y Ricardo Costa, y otros tres más.

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