2016, annus horribilis para los derechos humanos, da paso a un caótico 2017

El informe anual de Amnistía Internacional repasa el estado de los derechos humanos en 159 países del mundo, entre los que se encuentra España. El documento pone la voz de alarma sobre los discursos de odio que, mediante la manipulación del concepto de identidad, provocan un uso cínico de la retórica del ‘nosotros contra ellos’.

“Hubo un tiempo no muy lejano en el que los gobiernos se avergonzaban de violar los derechos humanos; hoy, los límites de lo aceptable han cambiado. Esa retórica de ‘nosotros contra ellos’ no se queda en la retórica sino en políticas reales con impacto en la vida de la gente. En 2016, los gobiernos han alcanzado acuerdos que menoscaban el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron el asesinato de personas por estar acusadas de consumir drogas, justificaron la tortura y la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos”, denuncia el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Para ilustrar la situación, Beltrán ha recurrido a datos y ejemplos de este tipo de políticas “demonizadoras” recogidas en el informe. Este documento acredita que 36 países violaron el derecho internacional expulsando ilícitamente a personas refugiadas. Una muestra es el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía, que para Beltrán, es la prueba de que “se quiere dejar a los refugiados fuera de Europa, y se intenta que sean acogidos en países como Turquía, Sudán del Sur o Libia, entre otros, donde no se respetan los derechos humanos”. La nota positiva llega desde Alemania y Canadá, “honrosas excepciones dentro del G-8 en la acogida de personas refugiadas”.

Fuera de las fronteras europeas, hay más ejemplos de políticas anti migratorias. En EEUU, el presidente Donald Trump sigue intentando expulsar del país a los inmigrantes irregulares, al tiempo que trata de impedir que los refugiados encuentren asilo en suelo estadounidense. En Australia, hay miles de refugiados atrapados en Nauru y la isla de Manus.

No sólo no se están cumpliendo los compromisos de acogida de refugiados, sino que la comunidad internacional ha dado muestra de la falta de voluntad política para resolver las crisis humanitarias que azotan Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán. Según el informe de Amnistía, en 2016 se cometieron crímenes de guerra en al menos 23 países.

El informe cifra en 22 los países en los que se produjeron asesinatos de activistas, y recuerda el caso de la hondureña Berta Cáceres, que fue una “pavorosa advertencias para el activismo, pero no llevó a nadie ante la justicia”.

"Nadie lidera la defensa de los derechos humanos en el mundo y nadie presiona para exigir su cumplimiento. La situación ha llegado al punto de que países que han defendido los derechos humanos, como Dinamarca, también han dejado de hacerlo, por lo que hay riesgo de que se produzca un efecto dominó de retroceso global en esta materia”, señala Beltrán.

El auge de los populismos y los movimientos de extrema derecha se extiende no sólo en países como EEUU, Turquía, Rusia, Hungría o Filipinas, sino que supone una amenaza para la Unión Europea. Este año, la UE afronta citas electorales en Francia, Alemania y Holanda, en las que podrían triunfar los partidos de ultra derecha que abogan por medidas contrarias a los derechos humanos, bajo el pretexto de aumentar la seguridad nacional. Estas medidas podrían suponer la desintegración de la UE o al menos su redefinición. Para Beltrán, “2017 será un año clave porque Europa debe tomar decisiones importantes en materia de derechos humanos, por lo que habrá que ver si se instala ese discurso xenófobo. No quiero adelantarme, pero este año será clave para Europa, tal y como la conocemos ahora”.

Ante la ausencia de liderazgo político en materia de derechos humanos, Amnistía llama a la sociedad a movilizarse, ya que “no cabe esperar que lo hagan los Estados”. “Hay que oponer resistencia a la retórica divisiva, xenófoba y contraria a los derechos humanos, porque su defensa es sinónimo de estabilidad”.

El caso de España: 'consejos vendo, que para mí no tengo'

“En España tenemos tres tendencias preocupantes en derechos humanos: la insuficiente acogida de refugiados (apenas un 4% de la cifra que se acordó con la UE), las expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla, y la ambigüedad legal en cuanto a los delitos de enaltecimiento del terrorismo, que limita la libertad de expresión. Además, persiste la impunidad en las violaciones de derechos humanos, como los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, no se investigan adecuadamente los casos de tortura, así como los crímenes contra el derecho internacional, como los cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”, denuncia Beltrán.

El director de AI España considera que en España hay un discurso “positivo en cuanto a la acogida de refugiados”, pero cree que ese discurso “esconde una inacción preocupante”. En 2016, nuestro país ha acogido a poco más de 1.000 refugiados, un 4% de su compromiso. “En el tercer trimestre de 2016, España registró 3.500 solicitudes de asilo, en comparación con las 237.000 registradas por Alemania o las 34.600 de Italia, o 20.000 de Francia, es decir, España es el 0,9% del total de solicitudes de asilo en Europa, lo que nos sitúa a la cola. A pesar de no recibir a casi nadie, el sistema de asilo no se ha reformado, sigue llevando a los refugiados, a medio plazo, a la indigencia, y no existen garantías de protección para los colectivos más vulnerables”.

En cuanto a Ceuta y Melilla, Beltrán afirma que “la situación es un limbo donde no existen derechos para los inmigrantes. Hemos documentado hasta 8 violaciones de los derechos humanos. En este momento, la situación es aún más preocupante porque los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están sobrecargados de gente, se restringe el derecho a la libertad de circulación y se han producido expulsiones ilegales a Marruecos”.

En cuanto la situación que atraviesa la libertad de expresión en nuestro país, Beltrán resalta un aspecto preocupante. “La ambigüedad y laxitud en la legislación en materia de terrorismo provoca un efecto desproporcionado sobre la práctica del derecho a la libertad de expresión. Nuestra preocupación es la reforma del Código Penal en lo que se refiere al delito de enaltecimiento del terrorismo. En 2016, se dictaron 28 sentencias; es el año con más condenas y sentencias por enaltecimiento del terrorismo desde 2011, año en el que ETA anunció el cese de la actividad armada, y donde se produjo una sentencia por delito de enaltecimiento del terrorismo”. Beltrán ha querido recordar el caso de los titiriteros, cuya causa ha sido archivada, y el de César Strawberry, líder de Def con Dos, condenado a un año de prisión por unos tuits. También ha recordado cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, instó al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas contra un magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, que en una mesa redonda cuestionó la legislación española en lo que se refiere a la investigación de los casos de tortura”.

“Este año ha persistido la impunidad en cuanto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en mayo de 2016, por octava vez, que España violaba la prohibición de la tortura y otros malos tratos al no investigar las denuncias de personas detenidas en régimen de incomunicación. Un caso de impunidad claro, es el de Esther Quintana, que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por los Mossos d’Esquadra. El mayo de 2016 los policías implicados fueron absueltos, porque no se pudo demostrar quién había disparado. La única buena noticia a este respecto es que el Tribunal Supremo anuló una condena dictada por la Audiencia Nacional contra Saioa Sánchez por un delito de terrorismo”.

Una de las contradicciones de nuestro país en materia de derechos humanos se halla en los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. “España ha jugado un papel constructivo en el Consejo de Seguridad de la ONU, el problema es que España en la ONU es como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, defiende el cumplimiento de los derechos humanos en aquellos países donde se vulneran, y por otro, no acepta las recomendaciones de la ONU en política internacional”.

“En España existe una cerrazón por parte de los 3 poderes del Estado en relación con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En lo que se refiere al poder ejecutivo no tenemos esperanza de que se produzcan cambios, y menos después de la orden de la Fiscalía General del Estado que insta a no colaborar con la investigación abierta en Argentina. En cuanto al poder judicial, tampoco variará nada hasta que no haya una nueva sentencia del Supremo que no cierre puertas a la investigación. El único aspecto que podría variar es el legislativo, aunque este Parlamento todavía se niega a adoptar medidas encaminadas a la verdad, justicia y reparación. Estas investigaciones pueden avanzar fuera de España, y eso es algo de lo que tenemos que avergonzarnos. España es de los pocos países donde los 3 poderes se cierran en banda, y donde además se obstaculiza la investigación”, concluye Beltrán.

Testimonios: Vincent J. Ward y Belal Darder

En la presentación del informe anual de Amnistía Internacional han participado el abogado y activista Vincent J. Ward, y el fotoperiodista egipcio Belal Darder. Ward, especializado en derecho penal y en la defensa de derechos civiles, llevó el caso de Chelsea Manning, la soldado condenada por revelación de secretos e información confidencial del Departamento de Estado de EEUU.

Este abogado consiguió que el ex presidente Barack Obama indultara a Manning, que pasó de 35 años de condena a 7. Ward que comenzó su carrera trabajando para el Gobierno estadounidense, dice haber encontrado sentido a su vida en la defensa de las minorías y colectivos vulnerables. Este abogado lamenta las políticas que está llevando a cabo y anunciando Donald Trump, pero confía en que las protestas y los tribunales frenen al presidente.

Belal Darder fue condenado a 15 años de prisión por “traicionar a su país” al cubrir e informar de las protestas que se produjeron en Egipto tras el golpe de Estado en 2013. En este momento, Darder se encuentra en nuestro país, ya que huyó de Egipto antes de ser detenido, y va a iniciar el procedimiento de solicitud de asilo.

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