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¿La falta de medidas cautelares para Urdangarín es excepcional?

> Las asociaciones de jueces y fiscales analizan la decisión de la Audiencia de Palma

jueves 23 de febrero de 2017, 18:10h
El cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, sólo tendrá que comparecer una vez al mes ante los juzgados en Suiza y no podrá viajar más allá de la Unión Europea. Unas medidas cautelares que parte de la opinión pública ha visto como muy bondadosas –el fiscal solicitaba una fianza de 200.000 euros por su condena a más de 6 años de prisión-, pero ¿es realmente algo tan excepcional? Los expertos responden.

Las asociaciones de jueces y fiscales han analizado en declaraciones a la agencia EFE la decisión de la Audiencia de Palma y todos los portavoces coinciden en señalar que la decisión de la magistrada Samantha Romero Adán entra dentro de la normalidad.

Los portavoces y representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura; Jueces para la Democracia; la asociación de jueces Francisco de Vitoria; el Foro Judicial Independiente; la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han insistido en que este no es un caso aislado, resaltando que la prisión provisional no debe ser una pena anticipada y que para restringir un derecho fundamental como la libertad cuando la sentencia no es firme hay que tener en cuenta una serie de circunstancias como el riesgo de fuga que debe quedar muy acreditado.

En este sentido todos reclaman respetar una decisión del tribunal que consideran legítima por haber tenido que valorar todos los argumentos y circunstancias antes de tomar una decisión de forma ponderada.

También así el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, si bien saliéndose un poco de la tónica general, además de lo anterior sí quiso puntualizar que la Sala sí debería explicar bien porqué Urdangarín podrá comparecer ante la autoridad judicial en Suiza, mientras su ex socio Diego Torres no podrá salir del país.

Únicamente el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, ha sido más parco en palabras limitándose a señalar que la decisión es "conforme a derecho" sin querer entrar a valorar más allá la decisión de la Audiencia de Palma.

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