El imprescindible frenazo

Cataluña de actualidad estos días y siempre. Para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es casi todo. Lo malo unos cuadros políticos deleznables ocupando el espacio público por la deserción de una sociedad civil aparentemente ciega y sorda. Unos cuadros políticos que ocupan, como auténticos okupas, unos edificios públicos construidos para tocar otra música que la del independentismo y la corrupción. Unos cuadros políticos que sueñan con separar lo que está unido en vez de soñar unir lo separado. Una propuesta estéril, negativa y, además, imposible.

Dicen que es una apuesta tan democrática como otra cualquiera que se pretende pacífica, persuasiva y sin resistencia en contra. Pero no comprenden que, si así fuese, sería una apuesta de ciudadanos libres y decentes, en uso de su libertad de expresión y de asociación, sin presiones ni abusos de autoridad, ni el mal empleo de los medios propios del Estado de la nación que se desea desmembrar. Se trataría de una corriente de opinión popular contraria al aparato del Estado opresor y no de un intento de sedición malversando los instrumentos y las competencias delegadas de la legalidad vigente.

A estos personajes no se les acusa por ser separatistas ni por predicar su teoría. Se les acusa por desempeñar cargos públicos de acuerdo con una legalidad vigente a la que se han comprometido a acatar voluntariamente y desempeñarlos traicioneramente, incumpliendo las normas legales que rigen para el desempeño de dichos cargos voluntariamente asumidos. No se trata de simples liderazgos de opinión política en cuanto representantes de una tendencia parlamentaria con pretensiones de cambio dentro de los reglamentos de las Cámaras de soberanía nacional, aunque se manifiesten contrarios a dicha soberanía nacional sino que se trata de actuaciones de quienes desempeñan cargos de gestión en entes político-administrativos que solo pueden funcionar conforme a la legalidad vigente. Ni el señor Mas, ni el señor Pons tendrían que responder ante ningún tribunal por ser o manifestar ser nacionalistas, separatistas o lo que les venga en gana. Ni por dirigir, fundar o expandir partidos de esta índole. Sus responsabilidades vienen de actuar en el desempeño de gestión y control de entidades oficiales sometidas a leyes que incumplen, no desde sus ideas o desde sus partidos sino desde sus funciones legales. Son gentes que quieren ser a la vez autonomistas de Derecho y separatistas sin Derecho.

El gobierno de España no puede hacerse el sueco ante una realidad que no afecta a Cataluña o a los catalanes en cuanto tales sino a unos mandatarios desleales en sus conductas personales y sospechosos en su manejo administrativo. Unas conductas merecedoras de reproche penal y que, como tales, son percibidas por el poder judicial y por el poder legislativo pero que da la impresión que resbalan fácilmente por la epidermis del poder ejecutivo, que trata con ciertas personas sin reconocer que trata con unos enemigos declarados.

Debiera de tener en cuenta el gobierno que aquellos usufructuarios desleales incrustados en las instituciones públicas del Estado en Cataluña no pueden atreverse a imaginar un nuevo referéndum ilegal, ni enfrentarse a un proceso republicano independentista sin percibir que luchan abiertamente con la nación circundante y contra la nación residente en su territorio, una mayoría de pobladores que no quieren dejar de ser españoles ni miembros de la Unión Europea. Los círculos confusos de la dirigencia separatista no quiere enfrentarse con la realidad sino seguir mandando y mangoneando a su gusto sobre una sociedad más industriosa que política que ha caído en la debilidad de dejarse gobernar por los más tontos de cada casa.

El Gobierno de la nación no está sometido a presión alguna que le obligue a presentar ofertas de diálogo a un conjunto de minorías mal avenidas entre sí que manejan incorrectamente los medios puestos a su disposición por el Estado Constitucional. No existe ningún factor nacional ni internacional, económico ni social, jurídico ni militar, que opere efectivamente para ser temido. La insistencia en el referéndum imposible no tiene entidad, más allá de las campañas subvencionadas oficiosamente, para ser algo más que una incómoda mosca a la que hay que ahuyentar de cuando en cuando. Las independencias, desde que el mundo existe, no se ganan revoloteando en torno a la luz de un Gobierno, jugando a la doble cara de oficina pública y base del motín o escribiendo ensayos de ciencia ficción en papel del Estado. Las independencias son procesos subversivos, a campo abierto y contra viento y marea. Lo del referéndum es una chufla y solo parecerá algo más si no se corta ejecutivamente y sin paliativos.

Lo único peligroso es que se regalen concesiones a cambio de nada creyendo que se cumplan compromisos y se adquieran lealtades. Todas las competencias transferidas hasta la fecha no han servido más que para aumentar la infraestructura subvencionada del nacionalismo y fomentarlo y extenderlo como arma de chantaje al servicio de un caciquismo territorial corrupto y aleve. El globo del llamado “derecho a decidir” de una parte sobre el todo solo sube con el gas de las concesiones. El problema territorial que complica la política española se hincha con ese gas que se regala a algunos políticos locales para inflar sus globos en las fiestas del pueblo. Sería mejor no suministrarles más gas que pinchar el globo. Creer que la situación pueda mejorar con más autogobierno, más cargos o más inversiones es contraproducente. Es agravar el problema de una descentralización que ya ha llegado a sus límites razonables.

La Generalidad no puede seguir siendo, simultáneamente, la autoridad del Estado en Cataluña y el enemigo operativo del mismo Estado que representa. Por ello el reproche penal de las conductas desleales de sus dirigentes es justo. Pero, además de los reproches penales por hechos pasados es necesario frenar la pretensión de futuro de un planificado proceso. El frenazo es una responsabilidad ejecutiva. Ya se sabe que los frenazos chirrían desagradablemente pero aún es más estridente ese chirrido que provoca que, tras protagonismos jurídicos, los ciudadanos puedan preguntarse ¿Dónde está el Gobierno? Esa pregunta que se hizo la directora de un instituto cuando se negó a entregar las llaves de su centro para un acto ilegal.