El Gobierno ha presentado un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra un acto encaminado a sufragar los gastos del hipotético referéndum de independencia en Cataluña. La vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, ha explicado además que se solicitará al Tribunal Constitucional una resolución suspensiva con comunicación expresa al Govern.
El Gobierno ha anunciado que interpondrá un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el último episodio vivido en Cataluña en favor del referéndum de independencia.
En concreto, se refiere a la disposición adicional 40 y a tres partidas presupuestarias referidas a procesos de participación ciudadana. Además, el Ejecutivo solicitará su suspensión preventiva –potestad del Gobierno de la que carecen los grupos parlamentarios que también han anunciado recursos sobre esta misma cuestión- y una comunicación expresa al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, los consejeros y media docena de altos cargos responsables de llevar a cabo actos de ejecución presupuestaria.
De esta manera, Moncloa pretende que se abstengan de llevarla a cabo y al tiempo esquivar la excusa esgrimida hasta ahora por parte del Govern en el juicio del 9-N, en el que distintos cargos aseguraron desconocer en qué consistía exactamente la prohibición del Tribunal Constitucional sobre la organización de la consulta soberanista por ser demasiado inconcreta.
Periplo parlamentario
El órgano catalán encargado de velar por la constitucionalidad de los actos de la Generalitat, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, advirtió de la ilegalidad de una disposición explicativa de los Presupuestos referida a la celebración de la consulta.
El Parlament tramitó entonces dos enmiendas para modificar una misma disposición –una de la CUP y otra de ‘Sí que es Pot’-, a pesar incluso de que los propios letrados de la cámara alertaran de que ninguna de ellas corregiría la inconstitucionalidad.
Algo que ha dejado atónita a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se manifestaba en estos términos: “Pone de manifiesto los extremos en los que trabaja la Generalitat”.
“A parte de no respetar la Constitución y las leyes tampoco respetan mucho el primero de derecho parlamentario”, argumentó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para recalcar el rocambolesco trámite parlamentario.
“No pueden ir en contra de la Constitución y las leyes en ningún estado democrático. Esto les está llevando a no encontrar ningún respaldo internacional”. “Nadie ha hecho tantos kilómetros como el señor Puigdemont o el señor Romeva para andar tan poco”, añadió para solicitar a las autoridades catalanas que reflexionen y se dediquen a gestionar sus competencias recordando que “cada vez les acompaña menos gente”.
Respuesta de la antigua Convergència
Por su parte el portavoz de Hacienda y Presupuestos del Partit Demòcrata en el Congreso, Ferran Bel, ha afirmado que "el Gobierno español no se puede sorprender que desde el Partit Demòcrata presentemos una enmienda a la totalidad, cuando el mismo día que aprueban el proyecto de Presupuestos Generales, anuncian la impugnación ante el TC de los Presupuestos de la Generalitat".
De hecho, Bel ha dicho que "ahora que han abierto la puerta a llevar al TC unas determinadas partidas de los presupuestos, nosotros no descartamos llevar también al mismo tribunal determinadas partidas de los Presupuestos Generales del Estado, en caso de que no cumplan con sentencias judiciales”, como las que reiteradamente dan la razón a la Generalitat en cuanto a la gestión de los recursos del 0,7% del IRPF.
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