El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Generalitat de Cataluña sobre la actividad de la plataforma Uber, de forma que será el 'alto' tribunal el que determine "si la actividad de esta empresa se enmarca en al ámbito de la normativa de transportes (que exige el previo título habilitante para su ejercicio) o si, por el contrario, sus características la sitúan en el ámbito de libre establecimiento y prestación de servicios que proclama la Ley de la Sociedad de la Información".
Dicho de otra forma, el Supremo decidirá si Uber puede ofrecer servicios de alquiler de vehículos con conductor y prestar servicios de transporte sin autorización, o si resulta procedente la imposición de una sanción por falta de un título habilitante en estos casos en que se presta un servicio de
transporte amparándose en la prestación de servicios a través de una plataforma digital.
La Generalitat de Cataluña interpuso un recurso de casación contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 15 de Barcelona, que estimó un recurso de Uber contra una multa de 4.001 euros que la Generalitat impuso a la plataforma por “la contratación como transportista o la facturación en nombre propio de servicios de transporte público de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas sin ser previamente titular de autorización de transporte”.
Según la defensa de la Generalitat, la sentencia del juzgado de Barcelona "obvia que la actividad de Uber, a pesar de la utilización de una plataforma online, constituye esencialmente una actividad de transporte que requiere del correspondiente título habilitante". Por tanto, la Generalitat considera que su exoneración "implica una distorsión del sistema de regulación del transporte de viajeros que supone una desregulación de facto del sector, colocando al resto de operadores que trabajan en el mismo en una posición claramente desventajosa".
Entre los motivos por los que la Generalitat solicita al Supremo que se pronuncie se sitúan: la ausencia de jurisprudencia al respecto, así como el hecho de que la doctrina que siente el 'alto' tribunal "tendría inicidencia en un gran número de situaciones, trascendiendo del caso objeto del proceso. Se indica, en este apartado, que el número de licencias de taxi supera las 90.000, siendo unas 600 las licencias de vehículo de transporte con conductor (VTC)".
La Sección I de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado que la cuestión planteada por la Generalitat tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consistente en determinar el marco regulador de las actividades de intermediación o conexión de usuarios y servicios a través de plataformas o aplicaciones digitales y la posibilidad, en su caso, de que estas actividades puedan ser sometidas al régimen de intervención administrativa propio de la normativa sectorial de transporte.
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