El Gobierno catalán en pleno, junto a la mayor parte de sus altos cargos, firmó ayer un manifiesto con el que reafirma su compromiso de "organizar, convocar y celebrar" un referéndum independentista y "aplicar sus resultados". En total, unas 190 personas firmaron el documento, que se presentó en el Patio del Tarongers del Palau. El acto se inició con la lectura del "compromiso", a cargo de la directora de la Institución de las Letras Catalans, Laura Borrás, con la comparación de hechos históricos como la Guerra Civil o la dictadura franquista con la "mutilación" del último Estatut a mano del Tribunal Constitucional, o la inhabilitación de Artur Mas "por poner las urnas" en la consulta del 9 de noviembre de 2014.
"Mientras una inmensa mayoría de catalanes queremos decidir nuestro futuro en un referéndum acordado, el Gobierno de España rechaza esta posibilidad y la única respuesta que hemos recibido ha sido la vía judicial", se señala en otro momento del texto, donde también se habla de que el Gobierno catalán "en su conjunto" reitera "su compromiso con la celebración del referéndum". "Todos y cada uno de los miembros de este Govern nos hacemos responsables de esta tarea y nos comprometemos a llevarla a cabo y a aplicar los resultados".
El vicepresidente Oriol Junqueras y el presidente Carles Puigdemont cerraron el acto. El primero subrayó de nuevo el "compromiso de todos" y "la conjura" por la celebración de un plebiscito al que el Gobierno español se opone y que los independentistas quieren celebrar antes de que acabe el mes de septiembre. Puigdemont, protestó por las "amenazas del Estado y dio por hecho que los catalanes "decidirán su futuro en las urnas".
Por otro lado, fuentes de la CUP dijeron ayer que la firma del documento es la "reafirmación" de una estrategia del Govern para salir al paso de sus "contradicciones" internas. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, señaló que "no aporta ninguna novedad". El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que el manifiesto del Ejecutivo catalán "no aporta absolutamente nada" y que carece de "carácter jurídico". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo subrayó que una declaración de independencia no tiene ningún efecto político ni jurídico e insistió en que el Gobierno "ni puede, ni quiere, ni va a cambiar su posición".
Los diarios recuerdan que este acto es consecuencia de la última resolución del Tribunal Constitucional que, cuando anuló las disposiciones de los Presupuestos destinadas a financiar el referéndum, advirtió de las posibles consecuencias penales. Los periódicos también coinciden en señalar que la insistencia en el compromiso de todos los miembros del Govern viene dada por las acusaciones veladas que se han cruzado en las últimas semanas entre PDeCAT y ERC.
Si (
No(
