El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) multó ayer a España con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de las primas a las renovables causó a tres plantas termosolares instaladas por el fondo británico Eiser Infrastructure. Es la primera vez que un procedimiento arbitral sobre este tema concluye a favor de los inversores, ya que en dos arbitrajes resueltos anteriormente los laudos dieron la razón a España, según recuerdan los diarios. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital explicó que el Gobierno estudia recurrir el laudo.
Según el Ciadi, sus laudos "son definitivos y obligatorios respecto de las partes en la diferencia", aunque el convenio que regula esta institución, dependiente del Banco Mundial, contempla posibilidades muy limitadas de recurrir y nunca "ante los tribunales locales sobre la base del derecho interno o de otros tratados".
Energía subrayó que la decisión del Ciadi no se puede extrapolar a otros casos ni constituir un precedente vinculante. Desde este departamento han interpretado que el laudo se refiere solo a las tres plantas termosolares de Eiser y al perjuicio, excesivo a juicio del tribunal, que la reforma eléctrica acometida en 2013 y 2014 causó a sus titulares.
Según el ministerio, dos de las demandas de arbitraje se resolvieron a favor de España y una tercera se cerró con el desestimiento de las partes. Además, Energía recordó que varias sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado la reforma del sector eléctrico. En el caso de Eiser y de su vehículo inversor Energía Solar Luxembourg, la demanda se presentó ante el Ciadi en diciembre de 2013, el proceso se cerró el pasado 13 de abril y el laudo se trasladó ayer a las partes.
Según Energía, el tribunal solo estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes, por lo que multa a España con 128 millones de euros, más intereses, frente a los 300 millones que reclamaba Eiser. El ministerio ha subrayado que el laudo no cuestiona la reforma eléctrica realizada por el Gobierno en 2013 y 2014, que permitió acabar con el déficit de tarifa, ni el derecho de España de tomar medidas regulatorias apropiadas para atender las necesidades públicas.
Por otro lado, tras conocerse la noticia, los pequeños productores fotovoltaicos españoles, agrupados en la asociación Anpier, exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido el fondo internacional. A su juicio, existe una discriminación entre inversores extranjeros y nacionales por causa de un tratado de protección de inversores extranjeros en materia de energía. "Según Anpier, "resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales".
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