El Congreso de los Diputados ha constituido esta tarde las comisiones de investigación sobre la crisis financiera en España y el programa de asistencia financiera; y sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que presidirán, respectivamente, Ana Oramas y Pedro Quevedo.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha abierto la sesión constitutiva de ambas Comisiones de Investigación, reguladas en el artículo 52 del Reglamento de la Cámara. En esta primera sesión se formaliza la elección de la Presidencia y el resto de los miembros de la Mesa y su composición, con los vocales designados por cada grupo parlamentario.
La primera en constituirse ha sido la la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera, que ha elegido como presidenta a la diputada del Grupo Mixto por Coalicion Canaria, Ana Oramas. Los vicepresidentes elegidos son Juan Manuel Juncal Rodríguez y Margarita Pérez Herráiz; y los secretarios, Yolanda Díaz y Antonio Roldán.
Esta Comisión de Investigación se pone en marcha a iniciativa de los grupos Socialista; Confederal de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea y Mixto; y Mixto con Esquerra Republicana. Las tres solicitudes fueron debatidas conjuntamente y aprobadas en los términos de texto acordado para unificar las distintas propuestas, en el Pleno del 22 de febrero.
Crisis financiera y rescate bancario
El objetivo de esta comisión es "conocer, analizar y evaluar con profundidad y rigor las causas que originaron la crisis financiera y económica de España, desde su gestación hasta el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario, y su impacto en el sector financiero español", estudiar la evaluación del endeudamiento privado frente al exterior, y las políticas económicas, monetarias y financieras adoptadas.
"Evaluar las políticas de reestructuración y saneamiento del sector financiero así como la gestión que originó la situación financiera del grupo BFA-Bankia, su salida a Bolsa y su posterior rescate financiero y nacionalización" y estudiar las "actuaciones de los organismos de supervisión llevadas a cabo durante la gestación de la crisis hasta su resolución, y los problemas y necesidades que presentaban las instituciones nacionales y europeas en la prevención y gestión de crisis financieras" son otras de sus pretensiones.
La Cámara quiere, asimismo, analizar "las políticas de supervisión más eficaces para la prevención y gestión de crisis financieras derivadas, en especial, de la evolución macroeconómica", detectar los "problemas institucionales de gobernanza de las cajas de ahorro y su incapacidad para captar recursos en los mercados, con especial referencia a las actuaciones que efectuaron los órganos de administración así como las administraciones públicas competentes".
Por último, se abordarán medidas para "garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas del Estado para obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos", detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros así como el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores y valorar las "debilidades, necesidades y retos futuros del sistema financiero. Composición".
Estará formada por cuatro representantes de los grupos con más de cien miembros, tres de cada grupo parlamentario con más de treinta miembros, dos de cada grupo parlamentario con más de diez miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios. La duración de los trabajos de esta Comisión de Investigación será de seis meses desde su constitución, que podrá prolongarse por acuerdo del Pleno.
Financiación del Partido Popular
A continuación se ha reunido por primera vez la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal, que fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 30 de marzo (Ver emisión), a petición de los grupo Socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos.
Pedro Quevedo, diputado del Grupo Mixto por Nueva Canarias, ha sido elegido presidente de la Comision. Las vicepresidentas serán Beatriz Escudero y Soraya Rodríguez; y han sido proclamados secretarios Chema Guijarro y Marcial Gómez Balsera.
Su objetivo es "investigar y, en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas, por la presunta financiación ilegal del Partido Popular, y, en concreto, la existencia de diferentes redes de donaciones irregulares, adjudicaciones de contratos públicos y otros mecanismos de financiación irregular, el incumplimiento que de la existencia de esas prácticas se derivaría de la legislación sobre incompatibilidades, de financiación de partidos políticos y de campañas electorales, formulando adicionalmente, en su caso, las recomendaciones a que hubiera lugar para impedir la repetición de hechos similares".
La comisión está compuesta por cinco representantes del Grupo Popular, cuatro del Grupo Socialista, cuatro de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tres d Ciudadanos, dos del Mixto, uno del PNV y otro de Esquerra Republicana.
Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado, y sus trabajos seguirán un plan que elaborará y aprobará la propia Comisión, incluirá las comparecencias que se consideren oportunas, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la Comisión.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Comisión desde el momento de su constitución. En concreto, la Comisión podrá solicitar de los órganos jurisdiccionales competentes la documentación obrante en las diferentes causas relacionadas con el objeto de la misma, que no se encuentre afectada por el secreto de sus actuaciones.
El plazo inicial para presentar las conclusiones es de seis meses, que pueden ser prorrogados por acuerdo del Pleno de la Cámara. El dictamen que elabore la Comisión de Investigación será debatido y votado en sesión plenaria, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, puede solicitarse que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.
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