El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la tramitación de la reforma del Código Penal para eliminar las sanciones a los piquetes en las huelgas. La toma en consideración de esta propuesta de Unidos Podemos ha contado con el respaldo del PSOE y de los grupos nacionalistas, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra.
La iniciativa propone suprimir el punto 3 del artículo 315 del Código Penal, que actualmente establece la posibilidad de castigar con penas de prisión o multa a las personas que "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
En la proposición de ley de Unidos Podemos este apartado desaparece por completo. Pero además, la iniciativa contempla que se archiven todas las causas que haya en curso por este punto del Código Penal y que se revisen y anulen todas las condenas que se hayan puesto bajo este concepto, incluyendo indemnizaciones y reintregros de multas.
Para la formación de Pablo Iglesias, esta iniciativa tiene el objetivo de proteger el derecho de huelga. "El derecho de huelga es una de las bases de la democracia, es una garantía de que los dechos sociales se puedan proteger y mantener el futuro", ha valorado el secretario general de Podemos antes del pleno.
Según las cifras manejadas por Podemos, hay cerca de 300 sindicalistas con expedientes abiertos por haber participado en piquetes informativos. La formación morada también ha denunciado que en los casos de condena a prisión se han llegado a pedir penas de hasta 90 años.
Durante la defensa de la propuesta, la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, ha apuntado que la mayoría de presiones en las huelgas se producen desde los empresarios para evitar que los trabajadores se unan.
"La coacción debe ser objeto de sanción, lo que es una aberración es la criminalización del derecho colectivo del derecho a huelga", ha apuntado la parlamentaria, que ha defendido que las coacciones ya están sancionadas a través de otros artículos del Código Penal.
'Sí' con matices
La propuesta ha contado con el voto positivo del PSOE y la abstención de Ciudadanos, con lo que continuará su tramitación, aunque estas dos formaciones han adelantado que propondrán cambios antes de su aprobación definitiva.
En concreto, el PSOE ha señalado que han recibido de los sindicatos CCOO y UGT una propuesta más completa sobre este mismo punto que intententarán incluir en el periodo de enmiendas. Según ha explicado el diputado Rafael Simancas, la propuesta que ellos han asumido añade una reforma del artículo 172 del Código Penal en la que se establecerá una diferencia entre las sanciones a las "coacciones" producidas en el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la huelga y en otros escenarios.
"Los piquetes informativos no son comandos violentos, son instrumentos legítimos de difusión y propaganda de la huelga. Cuando se persigue a un piquete no violento se busca algo tan inaceptable como desalentar el derecho de huelga", ha apuntado el socialista.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Javier Cano ha expresado que apoyan el sentido de la propuesta al considerar que acaba con el "desequilibrio" causado en la última reforma de 2015, por el que se rebajaba las sanciones por presiones para no sumarse a las huelgas.
Cano ha señalado que, sin embargo, no están de acuerdo con la propuesta de conceder indemnizaciones a las personas a las que se le haya anulado la sentencia con carácter retroactivo porque no se trata de un error administrativo, sino que la condena se ha producido conforme a la ley vigente.
"Ni pies ni cabeza"
La posición más dura contra la propuesta ha sido la del PP, que se ha opuesto a apoyar la tramitación de la iniciativa. Según la diputada popular Silvia Valmaña, no hace falta cambiar el artículo 315 del Código Penal porque tal y como está protege tanto el derecho a la huelga como al derecho a no sumarse a ella.
La parlamentaria ha acusado a Unidos Podemos de intentar equiparar el derecho legítima a la huelga con incidentes violentos y de plantear una iniciativa "inútil" y "sin pies ni cabezas".
Especialmente dura ha sido la diputada al referirse a la propuesta de asegurar la retroactividad de la reforma y las indemnizaciones. "Mi grupo no puede apoyar un concepto pervertido de lo que ustedes entienden como libertad y democracia a la venezolana. No contarán con nuestro voto", ha finalizado Valmaña.
El Congreso ya había dado el visto bueno a una moción presentada por ERC en comisión en la que instaba también a despenalizar los piquetes, pero con una iniciativa que no tenía carácter de ley. Con la aprobación de la toma en consideración de esta proposición de ley, se asegura la tramitación de esta iniciativa con la finalidad de que sea vinculante una vez sea aprobada de forma definitiva por la Cámara Baja.
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