El Congreso aprobó ayer el real-decreto ley de reforma de la estiba con los 174 votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias y UPN frente a 165 en contra de PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís y la abstención de los 8 diputados de PDECat.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que la nueva norma "establece bases suficientes y las herramientas adecuadas para llegar a acuerdos que permitan alcanzar estabilidad en el empleo y mejorar la productividad de las empresas", por lo que pidió a sindicatos y empresarios que se sienten a negociar. También expresó alivio por poder cumplir como país ante la UE y recuperar el "crédito perdido" en Europa, aunque admitió que quizá no sea suficiente para no pagar la primera parte de la multa a España, que supera los 24 millones de euros.
Fomento enviará de inmediato la convalidación de la ley que liberaliza el sector de la estiba a Bruselas para que se desestime "lo antes posible" el procedimiento abierto a España y las multas pendientes. La Comisión consideró la aprobación de la reforma como un "acontecimiento positivo" que "permitiría reconsiderar" el recurso en el que proponía una multa adicional por incumplir la normativa europea.
Los sindicatos de estibadores manifestaron su "decepción" tras la aprobación de la reforma y anunciaron que mantienen las 8 jornadas de huelga previstas a partir del próximo miércoles, para los días 24, 26, 29 y 31 de mayo y 2, 5, 7 y 9 de junio. El responsable de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, reprochó al Gobierno haber llevado adelante la votación del decreto ley "sin ningún tipo de pacto" y consideró que no garantiza el mantenimiento del empleo, pero admitió que el nuevo texto incorpora mejoras y dispone "herramientas" para que las partes puedan "intentar resolver el conflicto". De la Serna insistió en que "no hay razones para la huelga, hay razones para el diálogo".
Una de las razones que ha permitido que la reforma saliera adelante es la incorporación de un real decreto que recoge los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación auspiciada por el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña. Asimismo incorpora las peticiones de PDECat referentes a limitar la precarización, mejora de la negociación colectiva, fomento de la formación, impulso de los puertos de Tarragona y Barcelona y posibilitar el desarrollo de la ley en normas de inferior rango. Así, se exigirá un "certificado de profesionalidad" para acceder al puesto de estibador que se otorgará a los que acrediten más de cien jornadas de trabajo.
El portavoz del PDECat, Carles Campuzano, aclaró que este apoyo al Gobierno no debe entenderse como un "cambio de estrategia" ni como "precedente" para colaboraciones futuras en el Congreso. El diputado de esta formación Ferran Bel explicó la decisión de abstenerse por su "compromiso con Europa y las instituciones europeas" y la "responsabilidad con los puertos catalanes".
El portavoz del PSOE, César Ramos, acusó al ministro de "no haber hecho ningún esfuerzo" para pactar el texto final con los trabajadores. Los portavoces de Podemos y ERC expresaron su inquietud acerca del mantenimiento del empleo de los estibadores y consideraron que "empeoran sus condiciones de trabajo".
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