La consulta catalana del 9-N costó a las arcas públicas más de 5 millones de euros. El Tribunal de Cuentas estudia ahora la posibilidad de pasar la factura a su promotor, el ex president de la Generalitat, Artur Mas, para que haga frente al coste con su propio patrimonio.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso de la Generalitat sobre el proceso que investiga las responsabilidades de
Artur Mas y los ex consellers
Francesc Homs,
Irene Rigau y
Joana Ortega en el 9-N, y ha designado a un delegado instructor en el procedimiento para determinar si el ex president debe o no pagar de su propio bolsillo el coste de la consulta.
Los trámites tienen relación con la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución en la que señalan que se destinaron indebidamente 5,1 millones de euros.
La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante ha redactado dos autos en los que, tras analizar las denuncias presentadas, concluye que hay indicios de responsabilidad contable en la actuación de los citados dirigentes independentistas. En uno de los autos, Mariscal de Gante resuelve que sí cabe aceptar la personación en estas diligencias de la Abogacía del Estado, a lo que la Generalitat se opone.
Si (
No(
A favor (
En contra (
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