La gran prueba

La pasada semana Rajoy se enfrentó a tres pruebas. La medida del crecimiento económico y disminución del paro se superó de forma positiva. Su comparecencia como testigo fue superada por la ineptitud jurídica de los abogados que intentaron vanamente convertir un trámite judicial en un trance de acusación. Una torpe ofensiva en un lugar inapropiado. Hubiese sido más hábil la enumeración de circunstancias de las que había sido privilegiado testigo para considerar injustificable su pasividad. Pero su impavidez fue suficiente para neutralizar las acusaciones montadas por los enemigos. La tercera prueba es el desafío a la integridad del Estado que sigue vivo y seguirá, durante los próximos meses, en Cataluña.

El tema de Cataluña no consiste en la existencia de un sector separatista más o menos notable. Eso es un hecho real que siempre ha existido y seguirá existiendo como un factor político con el que hay que lidiar. El tema es el secuestro del aparato administrativo y legislativo de la Comunidad Autónoma y la representación del Estado por una tropa en rebeldía de políticos desleales y la utilización de los recursos públicos contra la viabilidad de España como nación. Esto sucede y viene sucediendo meses y meses y, en estos días, con la adulteración de los derechos de participación y expresión parlamentaria de importantes sectores de la propia sociedad catalana. La ineficacia para cortar el proceso gradual de esta subversión de funciones es lo que pesa severamente sobre Rajoy este verano. Y esto es lo que dará la medida histórica del gobernante más allá de crisis circunstanciales o espectáculos en los tribunales. Es el ser y esencia de España lo que está en juego. Como lo estuvo en otras ocasiones históricas. Y es ante lo que se abre en nuestros días una gran expectativa ante los españoles y ante el mundo y ante los propios habitantes de Cataluña, oprimidos y manipulados por unos políticos en rebeldía encaramados de mala fe en la administración regional. Unos políticos que debieron comprometerse previamente a guardar y hacer guardar una Constitución para acceder a sus cargos y que han cometido la felonía de utilizar sus atribuciones para proceder a incumplirla y dinamitarla.

El proceso viene desarrollándose a través de meses y meses, agravando su ilegalidad y Rajoy está actuando como un augur misterioso diciendo que haya confianza de que “no habrá referéndum” frente a la réplica y preparativos del “sí habrá referéndum”. Pero el problema no empieza y termina en que haya o deje de haber referéndum, como una especie de juego del ratón y el gato en que Puigdemont hace el papel de ratoncillo travieso. El problema es hasta cuándo se puede tolerar que ejerzan como autoridades oficiales del Estado de las Autonomías unos personajes autoproclamados rebeldes contra la legalidad que los avala y dedicados a la autodestrucción del Estado que representan formalmente en un doble papel.

Nadie pide a los políticos que lo deseen proclamarse separatistas, predicar sus propuestas, fomentar la captación de seguidores y confrontarse con otros partidos opuestos a su pretensión. Pero lo que es inadmisible es que actúen como auténticos “okupas” de las instituciones públicas y utilicen los edificios, el personal y los recursos económicos de todos los ciudadanos al servicio de su parcialidad. Como auténticos “okupas” les tiene sin cuidado la legalidad exterior a su círculo interno y las moderadas reacciones jurídicas de los poderes centrales les resbalan sobre la piel mientras las amenazas no lleguen hasta desplazarlos de los espacios donde desarrollan su actividad extralegal. Ni la Generalidad ni el Parlamento Autonómico son propiedades exclusivas de Junqueras y Puigdemont, que son muy dueños de erigirse en profetas de la República Catalana en la calle, donde deberían compulsar cuantos les siguen en su ruta. Pero lo que es indigno es que asuman como mansos corderitos las apariencias de autoridad legal para ejecutar un proceso de subversión delante de las narices de un Gobierno que parece tratar de contener sus actos delictivos con razonamientos de Derecho Civil y no de Derecho Penal.

Rajoy lleva demasiado tiempo presentando recursos y ofreciendo diálogo a quienes ya han dicho que no quieren dialogar. También lleva demasiado tiempo confiando en la cooperación de un Partido Socialista que está jugando a corroer la autoridad del Tribunal Constitucional y a condicionar las armas jurídicas del Estado mientras espera ocasiones para levantar un frente común con la extrema izquierda y los separatismos. El hecho de que, por el momento, lo hayamos visto sobrevivir a mociones de censura disparatadas, a una crisis económica y a insinuaciones sobre cercanías a procesos inacabados de corrupción, no quiere decir que tenga garantizado salir vivo de una crisis de Estado que se complica día a día, pese a sus discursos y recursos. Da la impresión de que los “okupas” de Cataluña se le están subiendo a las barbas. No basta con esperar al primero de octubre mientras, cada día, se complica el entramado de quienes trabajan incansablemente por debilitar el pedestal estático del poder ejecutivo del Estado en su territorio. Es una temeridad dejar crecer la maleza esperando el momento de segarla. Aún es tiempo de creer en los planes infalibles de que se dice depositario Rajoy. Pero lo que no cabe dudar es que la gran prueba por la que será juzgado por la historia está en Cataluña.