Las asociaciones de guardias civiles han recordado al Gobierno que ya en su día alertaron de los riesgos que se asumían al privatizar la seguridad de los aeropuertos.
"Ya habíamos advertido sobre las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública, tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios, y ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva", critica la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado en el que se solidariza con los trabajadores de seguridad.
Por su parte, el presidente de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), Ramón Rodríguez Prendes, ha defendido en declaraciones a Efe los servicios públicos. "De esos polvos, esos lodos", sostuvo en alusión a la privatización de la seguridad en AENA.
El derecho de huelga en entredicho
Asimismo, el sindicato CCOO ha denunciado en un comunicado que el Gobierno está “atentando gravemente” contra el ejercicio del derecho de huelga del personal de seguridad del aeropuerto de Barcelona al pretender “enviar a la Guardia Civil a realizar tareas de seguridad, junto con unos servicios mínimos abusivos, de un 90%, y el planteamiento de un arbitraje obligatorio”.
CCOO considera que no es creíble que ahora se aluda al estado de alerta terrorista cuando la política de privatización del servicio de seguridad ha sido la de adjudicar el servicio en condiciones económicas que recortan salarios, condiciones laborales y plantilla, perjudicando a los trabajadores y las trabajadoras y al servicio que se presta a la ciudadanía.
En este sentido también se ha manifestado el sindicato CSIF AENA-ENAIRE reclamando el cese del presidente de AENA, José Manuel Vargas Gómez, por “la desastrosa gestión que realiza en AENA”, ya que entienden que únicamente está preocupado por los resultados económicos y no por el servicio público que esta empresa debe dar a la sociedad.
“Ahora que se habla del término 'turismofobia' pensamos que es plenamente aplicable a la figura de este Presidente cuyo modelo liberal está totalmente amortizado y su gestión es un verdadero peligro para el turismo”, sostienen desde el sindicato defendiendo que las licitaciones deben exigir plantillas mínimas y aportar el monto adecuado a los costes de lo contratado.
Asimismo, CSIF considera que debe abrirse una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados al entender que la valoración para la privatización del 49% de AENA -a 58 euros por título estando ya en más de 160 euros- ha hecho perder al patrimonio público 7.791 millones.
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