Qué es la Comisión de Garantías de Podemos y cuáles son las claves de la nueva crisis interna

Las disputas internas han vuelto a afectar a la vida orgánica de Podemos, en este caso por la batalla que se está dando en la Comisión de Garantías Estatal. Este órgano es el encargado de velar por los derechos de los inscritos de la formación morada y de resolver los conflictos internos y el incumplimiento de las normas del partido.

En la actualidad, la Comisión está conformada por nueve personas: cinco titulares y cuatro suplentes. Sus miembros fueron elegidos en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II el pasado mes de febrero mediante una votación entre las bases. De esta forma, se conformó una nueva Comisión que sustituyó a la anteriormente liderada por Gloria Elizo, ahora miembro de la Ejecutiva y cargo de máxima confianza de Pablo Iglesias.

Para incrementar la independencia de la Comisión de Garantías se decidió que los aspirantes a entrar a este órgano no estuvieran directamente ligados con ninguna de las candidaturas a los otros órganos. Así, se eligió a los componentes sin que aparentemente tuvieran la etiqueta de 'pablistas', 'errejonistas' u otras.

La candidata más votada en la Asamblea, Olga Jiménez, fue nombrada presidenta de la Comisión y es precisamente ella la que se encuentra ahora en el centro de la polémica tras discrepar con los nuevos estatutos de Podemos.

El conflicto, en parte soterrado por la falta de transparencia en torno a este órgano, ha generado un nuevo grupo de voces críticas que no dudan en relacionar el episodio con un intento de injerencia por parte de la Ejecutiva nacional. En concreto, advierten que se está preparando una nueva "purga" para apartar a las personas discrepantes del órgano que supuestamente debe actuar como árbitro independiente dentro del partido.

Los estatutos, el dictamen y el expediente

La polémica se originó por un dictamen impulsado por Olga Jiménez, Nuria Martín y uno de los suplentes, Jesús Calpe, en el que se aseguraba que los nuevos estatutos excedían el documento organizativo votado en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II. Es decir, que la traducción entre el texto ganador y los estatutos definitivos iba mucho más allá que una simple adaptación de forma.

Este documento señala en concreto dos aspectos que debían ser anulados por no corresponderse a lo votado por las bases. Por un lado, las normas relativas a la propia Comisión de Garantías, entre las que especialmente ha molestado que se deje a los cuatro miembros suplentes sin capacidad de voto en contra de lo que había decidido el propio órgano. Como recuerda el dictamen, apenas cinco días después de Vistalegre II -el 17 de febrero de 2017- la Comisión aprobó que los suplentes pasaran a tener capacidad de voto.

El segundo elemento se refiere al régimen disciplinario, que recoje las faltas y sanciones que se le puede aplicar a un inscrito de Podemos. El argumento en este caso se basa en que en el documento organizativo de Vistalegre II no aparecía ninguna mención a las nuevas sanciones impuestas en la actualización de los estatutos.

El dictamen fue aprobado el pasado 28 de julio con cinco votos a favor y tres en contra. No obstante, sólo unos días después de la publicación de esta sentencia, tres de los miembros titulares de la Comisión de Garantías acudieron a la Ejecutiva para que se abrirera un expediente contra Jiménez. La Ejecutiva aceptó y la presidenta de la Comisión fue acusada de excederse en sus funciones.

Cambios en Garantías

Según el grupo de críticos con esta decisión, esos mismos tres miembros denunciantes (Argiro Giraldo, María del Rosario Rodero e Isabel Serrano) decidieron convocar una reunión -competencia que le corresponde a la presidenta- sólo con los cinco titulares de la Comisión. Los demás miembros se negaron a esta maniobra y los otros tres integrantes decidieron por su cuenta apartar a la presidenta, nombrar a un sustituto provisional y constituirse como el comité instructor que debe decidir sobre el expediente de Jiménez.

De este manera, Argiro Giraldo fue designado como nuevo presidente de la Comisión de Garantías, decisión que no reconocen dos de los titulares ni tres de los suplentes.

A partir de ahí fue cuando empezó a incrementarse la polémica, a pesar de que los principales cargos de Podemos evitaron mencionar el asunto. Cinco Comisiones de Garantías Autonómicas (Madrid, C. Valenciana, La Rioja, Cataluña y Navarra) publicaron un comunicado apoyando el dictamen sobre los nuevos estatutos y defendiendo la independencia de la Comisión estatal.

Además, más de 40 cargos de diferentes Comisiones de Garantías territoriales firmaron a nivel individual un manifiesto de apoyo a Olga Jiménez. En este texto se niegan a reconocer el nuevo pleno de la Comisión de Garantías Estatal y se oponen el expediente abierto a Jiménez tanto por su contenido como por la forma en la que se pretende que se desarrolle la instrucción.

A las críticas se ha sumado la corriente 'Profundización democrática' -el cuarto equipo que se presentó en Vistalegre II-, que ha respaldado este manifiesto. Pero además señalan que los nuevos estatutos también modifican otros aspectos oranizativos en relación a lo decidido por los inscritos. Esta corriente advierte que el conflicto abierto en la Comisión de Garantías puede generar "un bloqueo jurídico" de "graves consecuencias".

"En Podemos no hay aforados"

Según ha podido saber Diariocrítico, la Ejecutiva de Podemos considera que este conflicto es un "proceso interno" de la Comisión de Garantías y, por tanto, dejarán que los propios miembros de este órgano lo resuelvan.

La cúpula nacional quiere destacar la independencia de la Comisión, por lo que evitará involucrarse públicamente. Es por eso que la única respuesta a la situación ha sido un comunicado de la secretaría de organización, dirigida por Pablo Echenique, en el que contestan a algunas de las críticas.

En el texto de la secretaría de organización se señala que Olga Jiménez está siendo investigada por otras actuaciones previas al dictamen, relacionadas con algunas decisiones sobre territorios con los que ha tenido una especial relación y con determinadas maniobras encaminadas a apartar a otros miembros de la Comisión.

"Todo inscrito en Podemos puede ser investigado por la Comisión de Garantías Democrática, cumpliendo el procedimiento y con las máximas garantías. En Podemos no hay aforados", afirmaba el escrito.

Sin embargo, ni la secretaria de organización ni el resto de la Ejecutiva se ha pronunciado sobre el cambio de presidencia ni sobre el hecho de que los mismos tres miembros de la Comisión que les trasladaron la denuncia sean los encargados de su resolución.