Desde la primera hora de una ajetreada mañana, el presidente Mariano Rajoy se ha reunido con el socialista Pedro Sánchez y también ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario y urgente para tratar la crisis catalana abierta ayer tras aprobar el Parlament y el Govern de la Generalitat la llamada 'Ley del referéndum'. Esta normativa abre la puerta a romper con el Estado a través de una consulta ilegal que ya ha sido recurrida, anunció Rajoy, a través de la Abogacía del Estado y que llegará ahora al Tribunal Constitucional.
"Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconsticionalidad contra la Ley de referéndum ilegal aprobada ayer en el Parlament", dijo Rajoy al inicio de su comparecencia ante la prensa, en la que por cierto, no aceptó preguntas de los periodistas.
El presidente se limitó a leer una larga declaración institucional donde volvió a insistir en la defensa de la legalidad y de la Consticución, así como la integridad del territorio y los derechos de todos los españoles. Eso sí, aprovechó la coyuntura para presumir de los apoyos de PSOE y Ciudadanos, con cuyos líderes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, se ha reunido entre ayer y hoy.
"Asistimos en Cataluña a un espectáculo democráticamente deplorable producto de una ensoñación. Quieren imponer un nuevo régimen ilegal", dijo rotundamente el presidente, quien insistió en varias ocasiones en recalcar la idea clave de que "no habrá referéndum" ilegal en Cataluña el 1 de octubre.
En una línea menos tensa, sí que dio pie a cierta negociación futura con las autoridades políticas catalanas si cejan en su empeño de apostar por una vía ilegal y unilateral para lograr la independencia. Rajoy ofreció diálogo y abrió la puerta a reformar la Constitución, dejando claro que este proceso llegaría, en todo caso, sin presiones y nunca a través de la "desobediencia" como método de lograr avances.
Ahora bien, no hubo palabras de piedad para los responsables políticos de esta Ley del referéndum: "Pedimos también al Tribunal Constitucional que se notifique personalmente la suspensión a todos los cargos implicados en la organización del referéndum", y también solicitó al Alto Tribunal "la nulidad de esas normas y que se decrete la suspensión hasta conocerse la oportuna sentencia". "El Gobierno defiende con su actuación el imperio de la ley. España convive en paz y con unas normas acordadas entre todos en libertad", sentenció.
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