El Gobierno recurrirá la ley de ruptura y deja abierta la puerta a aplicar el artículo 155 en Cataluña

“Sin ley no hay democracia”, insistió el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tras mostrar la preocupación de Moncloa por la deriva secesionista de Cataluña ha criticado a quienes pretenden “dinamitar la democracia” y caminar hacia una “dictadura", Méndez de Vigo ha avanzado que ya está listo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de transitoriedad jurídica que pretende ser la base jurídica de una Cataluña independiente. Sólo está a la espera de que dicha norma se publique.

Además, ha asegurado que el Gobierno actuará “con proporcionalidad, solidez y firmeza" sin renunciar a nada. A petición de los periodistas, Méndez de Vigo aclaró las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ya el jueves dejó abiertas todas las vías legales para evitar el referéndum.

A la pregunta concreta de si esto incluiría el recurso al artículo 155 aunque pudiera romper la imagen de unidad del bloque constitucionalista -el PSOE ya se manifestó en contra-, Méndez de Vigo ha sido tajante, no se descarta “nada”. No obstante, ha insinuado que hoy por hoy no está sobre la mesa y que dependerá del desarrollo de los acontecimientos.

Artículo 155 de la Constitución

El artículo 155 de la Constitución no se ha utilizado con anterioridad y específicamente está pensado para forzar a una comunidad autónoma a cumplir con sus obligaciones.

Según la redacción del artículo, se establecen dos ocasiones en las que el Gobierno podría aplicarlo: - Si la comunidad no cumple "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" - En el caso en el que actúe "de forma que atente gravemente el interés general de España".

Igualmente, el artículo explica el mecanismo que debe seguir el Estado para ponerlo en práctica. En primer lugar, el Gobierno central debería enviar un "requerimiento" al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que cumpliera con sus obligaciones y dejase de actuar como lo está haciendo. En caso de no ser atendido el requerimiento, el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar" a la comunidad al "cumplimiento forzoso" de dichas obligaciones eludidas. Para ello, deberá contar "con la aprobación por mayoría absoluta del Senado".