Hace sólo dos meses que la Generalitat de Puigdemont prometía la realización de un referéndum con plenas garantías. Ahora, en los aciagos días pasados, lo único que promete es la realización de un referéndum. A como de lugar. Por la misma vía que se produjo la aprobación del decreto en el Palament: saltándose todo lo que haya que saltar. Sin embargo, Puigdemont sabe que la validez de un referéndum depende precisamente de los procedimientos. En ellos residen las garantías de su validez. Y sabe que un simple repaso de sus principales elementos no da buenas señales.
El censo. Cuando se pregunta a la Generalitat donde está el censo que se usará, la respuesta es rotundamente borrosa. Puigdemont sabe que no puede usar los datos oficiales porque eso supondría sustracción de información, castigada por la ley. Entonces lo que responden sus partidarios es: nadie se preocupe, la Generalitat tiene un censo válido, que mostrará en el momento debido. Pues bien la ocultación del censo es un asunto especialmente grave. Luego podrán surgir repeticiones o ausencias de personas, muertos que reviven y otras lindezas, incluso si no son intencionadas. Ese censo fantasma es todo lo contrario a una garantía de validez.
Lugares de votación y mesas. Pese a la presión que la Generalitat está ejerciendo sobre los alcaldes, todo indica que en ayuntamientos con mucha población no habrá lugares de votación oficiales, sobre todo en los colegios. Tratar de indicar a los votantes qué lugares podrían usarse a última hora es de nuevo una irregularidad que no garantiza la recepción del voto y el conteo posterior con un mínimo de rigor. Eso sin considerar que es muy posible que tampoco tenga lugar una constitución normal de las mesas, lo que pone en riesgo la transparencia de todo el proceso.
Voto secreto. El traslado irregular de los lugares de votación pone en cuestión la posibilidad de garantizar que habrá cubículos donde el votante podrá preparar su voto en secreto. Claro, algunos preferirán hacerlo así para ejercer presión sobre la persona votante. Como en las peores dictaduras.
Urnas. Hace unos meses algunos funcionarios de la Genralitat se pavoneaban de las seis mil urnas que ya operaban en su poder. Hoy se sabe que eso era un bluf y que hay muy pocas urnas dispuestas. Por otra parte, las directrices electorales emitidas no aseguran que las urnas sean construidas como es debido, por ejemplo, no se asegura que serán urnas transparentes. Otra garantía suprimida.
Papeletas. La forma de eludir la requisición de papeletas dispuesta por el sistema judicial parece que será la impresión en papel que cada votante haría en su casa, tomada de la web de la Generalitat. ¿Unas elecciones donde los votantes se fabrican sus propias papeletas? ¿Cómo harán los votantes que no tengan acceso a los medios electrónicos? Es difícil entender que pasa por la cabeza de Puigdemont ante tanto disparate.
Autoridad electoral. No se ha establecido la autoridad normativa electoral de acuerdo al Estatut. Es decir, la Generalitat es la única autoridad en última instancia. Ningún elector sabe cómo impugnar una irregularidad electoral cometida en una mesa o en la recopilación de los votos.
En suma, el referéndum de Puigdemont incumple una por una las condiciones y garantías que dicta el Consejo de Europa. ¿Cómo es posible que quiera seguir adelante con esta violación de derechos?
Antonio Elorza tiene una respuesta terrible: ya no pueden dar marcha atrás ni detenerse. El caucus que han constituido se lo prohíbe ideológica y políticamente. Tienen que seguir adelante. Una prueba de ello es que la Generalitat va integrando a su alrededor personas con menos luces. La fidelidad ideológica por sobre la excelencia. Así se explica el ascenso meteórico de los Turrull, Forn y compañía. No lo duden: llegará el momento en que se hará el balance de estos días y la vergüenza -propia y ajena- será inevitable.
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