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El Govern insiste en un referéndum que ya todos consideran imposible de celebrar

> La consulta se queda sin papeletas ni más partidas económicas para organizarlo
> El referéndum no tendría garantías y ya hay llamadas a negociar el siguiente paso

jueves 21 de septiembre de 2017, 07:56h
Imposible de celebrar, el referéndum ha quedado práctica y técnicamente desactivado. Sin embargo, el Govern de Puigdemont sigue haciendo oídos sordos a la realidad e insiste en votar el 1 de octubre. Pero esa realidad que se niega es otra: la Guardia Civil se incautó de 9,8 millones de papeletas por orden judicial. Una acción del Estado que, repiten todos, menos los independentistas, "desactiva" de facto el referéndum.
El Govern insiste en un referéndum que ya todos consideran imposible de celebrar
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(Foto: ANC)

La Guardia Civil detuvo en total a 14 personas, entre ellos el mano derecha de Oriol Junqueras y otros miembros del equipo del vicepresidente del Govern. Practicó 41 registros, 6 de ellos en sedes oficiales de la Generalitat y se incautó de 9,8 millones de papeletas para votar en la consulta del 1-O, almacenadas en una nave industrial del polígono de Can Barris.

La operación se produjo por mandato de un juez de instrucción de Barcelona que investiga a una veintena de personas por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia.

Este jueves, en una entrevista en 'TV3', Junqueras ha admitido que "las circunstancias hoy son diferentes", en respuesta sobre si será posible ya celebrar la votación del 1-O. "La mitad del equipo de la Conselleria de Economía está detenido. Hay una voluntad manifiesta de impedir el trabajo de esta Conselleria", dijo.

Los detenidos son el secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové; al secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; al director de Patrimonio, Francesc Sutrias y a la directora de Servicios de Vicepresidencia, Natàlia Garriga. Además se registraron las sedes de Exteriores, Trabajo y Gobernación. Otros detenidos del Govern son Joan Ignasi Sánchez, asesor del gabinete de la conseller de Gobernación; el responsable del Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Josué Sallent y el responsable del área de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Generalitat, Xavier Puig Farré. Otros de los detenidos pertenecen a empresas vinculadas a la elaboración de material electoral para el referéndum. 3 de los detenidos se negaron a declarar y fueron puestos en libertad bajo la condición de investigados, a la espera de ser citados por el juez.

Concentraciones y protestas

Miles de personas se concentraron durante todo el día en las diferentes sedes registradas para protestar por la operación policial. La más numerosa fue la de la Consejería de Economía, en Rambla Catalunya. En la de Exteriores, en Via Laietana, un grupo de manifestantes zarandeó y lanzó botellas a un coche de la Guardia Civil. Los Mossos d'Esquadra tuvieron que proteger a los agentes de la Benemérita, increpados por los manifestantes, que hicieron sentadas para impedirles el paso y les lanzaron objetos.

Las concentraciones se extendieron a docenas de localidades en toda Cataluña a última hora de la tarde. También hubo movilizaciones en otras ciudades españolas. En la Puerta del Sol de Madrid se concentraron unas 800 personas, según la Delegación de Gobierno, convocadas por la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir, apoyados por dirigentes de Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís, pese a que la protesta carecía de autorización.

En la sede de la CUP en Barcelona se personaron varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía con la intención de requisar carteles del referéndum, aunque no tenían orden judicial. Los empleados cerraron las puertas y el partido llamó a la movilización de sus militantes. Se presentaron unas 2.000 personas, que impidieron la entrada de la policía.

Paralelamente, el PSC denunció un ataque a una de sus sedes en Barcelona, a la que arrojaron ladrillos y donde dos vigilantes de seguridad fueron agredidos.

Intervención financiera

El otro punto que hace imposible la celebración del referéndum es el económico. El Ministerio de Hacienda activó la intervención financiera de la Generalitat después de que el ministro Cristóbal Montoro firmara la orden de no disponibilidad presupuestaria de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017, de manera que es el Gobierno central el que controla desde ayer todos los pagos de esta comunidad.

Por su parte, el Tribunal Constitucional anuló ayer de manera definitiva los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitieron tramitar la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Los titulares de los diarios

"La justicia desmonta la organización del referéndum", titula a 5 columnas EL PAÍS. "El separatismo intenta desbordar al Estado tras quedar neutralizado el 1-O", es el titular de EL MUNDO. Según la portada de ABC, "la democracia se reinstaura en Cataluña". También LA RAZÓN destaca en su titular: "Firmeza de la democracia".

En la prensa catalana, LA VANGUARDIA destaca: "La protesta se instala en la calle por el asedio policial al 1-O". EL PERIÓDICO titula: "Vértigo" y considera que "el conflicto catalán se asoma al filo del abismo", al tiempo que habla de "ola de indignación" por la macrooperación policial.

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