La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Fue creado en 1990 tras la caída del muro de Berlín, y aconseja a los países sobre cómo mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de derechos humanos. El caso es que el Govern catalán había querido sacar provecho de algunas de las pronunciaciones de este grupo sobre democracia para asegurar que apoyaba referéndums como el que pretende celebrar en Cataluña este domingo. Nada más lejos de la realidad.
El secretario de la Comisión de Venecia, Thomas Markert, acaba de afirmar que el referéndum catalán "no cumple" con los estándares de su institución. Argumenta que esta consulta no se ciñe al Código de Buenas Conductas para Referendos de la Comisión de Venecia al no respetar la Constitución española, a la que considera por encima de cualquier intentona secesionista catalana.
Es cierto que la Comisión de Venecia se pronunció en muchas ocasiones para avalar que se debe dar siempre prioridad a la voluntad de la ciudadanía, y que ésta sea expresada libremente, pero se suele omitir el resto de sus condiciones: cumplir con la Constitución española.
El president catalán, Carles Puigdemont, escribió una carta a Mariano Rajoy en junio en la que le explicaba que el Parlament se ceñía a la Comisión de Venecia, pero ya por entonces el presidente de dicha Comisión, Gianni Buquicchio, pedía que el referéndum fuera acordado y no unilateral, como ha forzado la Generalitat. El italiano afirmó en otra carta, enviada a Puigdemont, que la Comisión pone "énfasis en la necesidad de que cualquier referéndum se haga con el pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable".
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