Bruselas se reserva la opción de intervenir en el 'caso Alsasua'

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha informado esta semana a las diputadas y diputados del Parlamento Europeo Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EHBildu), que "sigue con interés" el caso de los jóvenes de Altsasua, detenidos e imputados por un delito de terrorismo tras una trifulca en un bar con varios agentes de la Guardia Civil, fuera de servicio, en la madrugada del 15 de octubre de 2016, y que en el caso de que el proceso judicial abierto incumpla principios que consagran los tratados y la legislación comunitaria como el de las proporcionalidad de las penas, “se reserva el derecho a tomar las acciones apropiadas”.

Albiol, Benito, Bilbao y Juaristi remitieron a Timmermans, al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a varios comisarios, un informe pormenorizado del caso el pasado mes de julio, destacando que el fiscal está solicitando penas que suman un total de 375 años de cárcel.

Juncker consideró que los hechos denunciados merecían un seguimiento por parte del propio Timmermans. De hecho, en su respuesta, explica que si bien las causas penales son competencia de los Estados miembros, estos deben respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando implementan la legislación europea y coincide, tal y como habían subrayado los y las diputadas, en que las penas impuestas a las personas deben ser proporcionales a las acciones por las que puedan ser condenadas.

“La Comisión está siguiendo el resultado de este caso con interés y se reserva el derecho a tomar las acciones apropiadas como guardiana de los tratados”, concluye Timmermans.

Albiol, Benito, Bilbao y Juaristi han manifestado su satisfacción por la respuesta de la Comisión Europea, ya que valoran que “el hecho de que la denuncia animara a Juncker a encargar a su responsable de derechos y libertades un seguimiento del caso" es todo un indicio.

Los eurodiputados creen que "no es una casualidad" que Timmermans, en su respuesta, “reitere la necesidad de que toda pena sea proporcional a los hechos que se imputan, premisa que no se cumple en el caso de los ocho jóvenes de Altsasua, para quienes el fiscal pide un total de 375 años de cárcel”.

Asimismo, han valorado positivamente que la Comisión informe de que seguirá este caso hasta su desenlace. "Una decisión -añaden los eurodiputados- que no tendría sentido si Bruselas considerase que las acusaciones formuladas contra estos jóvenes cumplen las leyes comunitarias".

Igualmente, han recordado que 52 diputados y diputadas del Parlamento Europeo firmaron un manifiesto en el que solicitan que “prevalezcan los principios de proporcionalidad, justicia y equidad y que la definición de terrorismo sea eliminada en esta causa”. Para finalizar, han mostrado su disposición a seguir poniendo en marcha las acciones que sean necesarias en la Eurocámara y ante el resto de instituciones comunitarias para denunciar la vulneración de derechos que se está produciendo contra estos jóvenes.