Peor no pueden estar las cosas en un país divido por Cataluña: tomar o no el control de la autonomía rebelde que quiere su autodeterminación o bien, proclamará, amenaza, la declaración unilateral de indpendencia. Mientras las calles van creciendo en tensión, familias de guardias civiles y policías se ven obligados a dejar sus localidades catalanas y las peticiones de huelga general en Cataluña van cobrando protagonismo, el Gobierno central debate cuándo aplicar el artículo 155 para tomar el control. La idea, con la que presiona especialmente Ciudadanos, su socio de investidura, es suspender la autonomía y luego convocar elecciones de inmediato, con la esperanza de que la mayoría independentista se vea reducida.
Pero el líder del PSOE, Pedro Sánchez, reclamó ayer al presidente Rajoy que abra una negociación "de forma inmediata" con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y hable con "todas las formaciones" para abordar la crisis catalana "con ambición y sin exclusiones".
Sin embargo, Rajoy se reunió también con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, favorable a aplicar el artículo 155 de la Constitución de inmediato, y convocar después elecciones autonómicas. Rivera se mostró partidario, incluso, de activar el citado recurso constitucional antes de que se produzca la declaración unilateral de independencia.
Según Rivera, la suya es una "propuesta nítida, clara y concreta y la más democrática de todas" para "devolverle la voz" a la ciudadanía de Cataluña. Preguntado por la propuesta de Pedro Sánchez, Rivera se preguntó si realmente Puigdemont quiere negociar. En cuanto a la actuación de la Policía y la Guardia Civil el pasado domingo en Cataluña, dijo que en la comparecencia en el Congreso pedirá explicaciones.
Rajoy se abre a estudiar propuestas
Rajoy, por su parte, pidió a Sánche y Rivera la conveniencia de mantener todos "una voluntad de consenso" para hacer frente al desafío secesionista en Cataluña. Con este propósito, se mostró abierto a estudiar "con responsabilidad y lealtad" sus propuestas.
Por otra parte, Rajoy, a través de un comunicado de La Moncloa, defendió ante ambos dirigentes la actuación de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña en la jornada del 1-O. Según recordó, "más de 400 agentes han tenido que ser atendidos y en 40 casos las lesiones exigieron atención inmediata.
De Guindos: "El Gobierno no está ciego"
Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, dijo que "el Gobierno no está ciego", cuando fue preguntado por el resultado del referéndum ilegal de Cataluña del domingo, donde, según la Generalitat, el 90% de los más de 2 millones de participantes apoyó la independencia, aunque también cuestionó la veracidad del escrutinio. En declaraciones a la prensa en Roma, Guindos calificó el referéndum como "un mero trámite" del Gobierno catalán para "proclamar la independencia" que careció de "control y garantías" y cuyo resultado estaba "perfectamente preestablecido".
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, por su parte, dijo en la CNN que los agentes desplegados en Cataluña "no eran policías antidisturbios", sino "policía convencional" enviada "por los jueces para cumplir sus órdenes de retirar urnas y papeles y no hacer daño a nadie". "Hemos actuado como siempre lo hemos hecho: proporcionalmente y con todo el cuidado que pudimos". Dastis señaló que "hay fotografías que indican lo contrario, pero también las fuerzas policiales sufrieron daño".
La ciudadanía también opina
Mientras, un clamor popular de cariz nacionalista español exige que se tomen medidas duras contra el independentismo. Primero, la intervención mediante la Constitución y su artículo 155. Segundo, unas elecciones o un control temporal o incluso permanente de esta comunidad autónoma, que consideran "rebelde". Otra postura mucho más abierta pide negociar con la Generalitat los términos de un acuerdo duradero en el tiempo para buscar un acomodo más adecuado dentro del Estado español para los catalanes.
Los medios también se dividen claramente, como fiel reflejo de una sociedad polarizada. Algunos piden diálogo y negociar con la Generalitat, y casi nadie da por buenos los resultados de la consulta adulterada del domingo, así como reconocer una hipotética declaración unilateral de independencia. Otros, sin embargo, apoyan la línea dura y exigen suspender la autonomía y apartar a todos los políticos responsables de la ofensiva secesionista.
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