El juez reaviva la causa de la cafetería de la Asamblea

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha citado a declarar como investigada a la exresponsable de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid, la letrada Tatiana Sonsoles Recoder.

Según una providencia recogida por La Vanguardia, el magistrado, que continúa los trabajos del juez Eloy Velasco con la Púnica, imputa a Sonsoles Recoder “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009”, adjudicado al grupo Cantoblanco.

El supuesto amaño de este contrato a favor del empresario Arturo Fernández es la principal sombra a la que se enfrenta la jefa del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, que era presidenta de la mesa de contratación en aquella época. Cifuentes, de hecho, ya tuvo que pasar por la comisión de investigación de la corrupción política de la Cámara regional.

"Caiga quien caiga"

La parlamentaria socialista Encarnación Moya ha mostrado su alegría por que la investigación judicial continúe y ha pedido que "llegue hasta el final, caiga quien caiga".

"En su momento se negó lo que todos sabíamos que era cierto, que se les consideraba investigados. Nosotros no teníamos dudas, otra cosa es que el Gobierno de la Comunidad intentara crearlas", ha reiterado en declaraciones minutos antes de la reanudación del Pleno en la Asamblea de Madrid.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha recordado el informe de laGuardia Civil que puso por primera vez en relación a Cifuentes y la Púnica. "Cuando conocimos aquel informe ella criticó el contenido del informe de la Guardia Civilmientras que hoy encabeza una utilización partidista de los símbolos del Estado como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha afeado.

"Normalidad" para el PP

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha ofrecido "total colaboración" y ha querido reducir intensidad informativa a la citación argumentando que es un procedimiento "normal" para aclarar "cuestiones técnicas". "La citación como investigado o imputado en el mundo político es terrible, pero en el técnico es tener más garantías procesales", ha insistido.

Ossorio ha vuelto a defender que Cifuentes actuó de la manera "tradicional" en la Asamblea, o sea, "dejando hablar a los técnicos" y ha descartado que el juzgado vaya a citar también a la presidenta.

Sin embargo, desde Ciudadanos no se han atrevido a "poner la mano en el fuego" por ella, según el portavoz César Zafra. "Volvemos a tener en el aire si tuvo algo que ver o no en una adjudicación fraudulenta: nos preocupa mucho.", ha indicado.

"A nosotros la señora Recoder no nos dijo nada, decidió guardar silencio ante acusaciones muy graves del resto de personas que estaban en ese comité de expertos,porque todos dijeron que hicieron lo que ella dijo. Si ahora tiene una versión distinta y hubo más personas involucradas en esa adjudicación, se verá que aquí hubo el chanchullo de siempre en la Comunidad, que se adjudicaban cosas como no se debía, en este caso a Arturo Fernández", ha afirmado.

El comité de expertos, en la mira de la UCO

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado el pasado 27 de marzo destacaba la comisión de una presunta prevaricación por parte de ese comité del que formó parte Cifuentes. Unos días antes, los investigadores remitieron otro informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de cohecho.

Según la UCO, este comité tuvo como única finalidad favorecer de manera preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión de antemano de la adjudicación de los mismos. Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes, informa Europa Press.

Además, relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces presidente de los empresarios madrileños a Fundescam -fundación del PP de Madrid-, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien el segundo informe no alude a esta circunstancia.