La patronal catalana, Foment del Treball, hizo ayer una declaración oficial en la que alertó de las "consecuencias irreparables para Cataluña y España" que supondría una declaración unilateral de independencia y llamó a la "responsabilidad y al diálogo" a los dirigentes políticos para "no avanzar ni un paso más en el incierto camino" iniciado y "reconducir cuanto antes la situación desde el respeto a la legalidad".
"El incierto camino elegido por las fuerzas políticas con una estrecha mayoría en el Parlament durante septiembre ha traspasado fronteras de ilegalidad conduciendo al país hacia el descrédito nacional e internacional y quién sabe si a la insolvencia económica", advirtió.
Según la patronal catalana, hay "centenares" de empresas que están abandonando Cataluña, que "podrían ser miles", "numerosos clientes de fondos de ahorro y de inversión trasladan sus cuentas fuera", "sectores industriales importantes suspenden nuevas inversiones" y "las reservas turísticas se hunden un 50% respecto a sus niveles habituales de ocupación". "Sin empresas no hay país y perderlas nos empobrece", señala el texto.
Foment lamentó en su comunicado que "sindicatos absolutamente minoritarios convocan continuamente huelgas generales destinadas a servir de base a la perturbación continuada del orden laboral y la vida ciudadana" e insistió en subrayar el "camino de incertidumbre" ante la "grave situación social y económica" que vive Cataluña".
Por su parte, ayer el vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, apeló a la "cordura" para no hacer boicot a los productos catalanes, lo que consideró una "mala noticia" no sólo para Cataluña sino también para España.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló desde Bruselas que la "triste" salida de empresas de Cataluña "ha puesto de manifiesto no tanto el escenario de independencia que no va a tener lugar, sino fundamentalmente la irracionalidad y radicalidad de las políticas que ha implementado el Gobierno de la Generalitat".
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona reconoció ayer que la crisis política está afectando al turismo y se ha producido una caída en las reservas de hoteles. "La incertidumbre política frena la actividad económica en Barcelona", señala LA VANGUARDIA. "La hostelería se hunde el 30% en Barcelona por el procés", destaca EL ECONOMISTA.
Las últimas 'fugas'
El traslado de sedes de empresas de Cataluña a otras ciudades españolas se intensificó ayer. Abertis, Cellnex y Colonial - que cotizan en el Ibex - aprobaron ayer su traslado a Madrid, de manera que sólo queda una cotizada catalana en el selectivo bursátil: Grifols, que anunció su traslado si "la actual situación derivase" en un nuevo escenario "que pudiese afectar al curso normal de los negocios o de la situación financiera de la compañía". También el grupo editorial Planeta y la alimentaria Idilia Foods (fabricante de Cola Cao, Nocilla y Paladín) anunciaron que se irán de Cataluña si se produce una declaración unilateral de independencia.
Otras empresas que ya ha hecho efectivo su traslado de sede son las aseguradoras SegurCaixaAdeslas y Vidacaixa (a Madrid) y MGS (a Zaragoza); las gestoras de fondos Trea Asset y GVC Gaesco (que, según apunta ABC es propiedad de la familia Vallbé, vinculada a Òmnium Cultural) y otras como San Miguel, Torraspapel, MRW o Lleidanet.
El diario EL MUNDO apunta que también cunde la preocupación en la fábrica de Seat de Martorell. Aunque de momento no hay intención de trasladar la fábrica, tampoco es algo que se descarte. "Si la fábrica de Seat se va, los obreros nos vamos detrás", titula el diario.
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