Horizontes sin vida

El Estado debe recuperar las competencias que preservan la naturaleza y articulan la lucha contra el fuego. En cualquier viaje por España, cerca de casa o lejos de ella, se contemplan bosques calcinados y enormes superficies requemadas y ennegrecidas. Incinerada la frondosidad de las arboledas y el verde de los campos, entre los árboles y los arbustos arrasados se transparentan horizontes sin vida. En este asunto, nuestra inefable Ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, tan desconocida como ausente, permanece escondida Dios sabe dónde. Cuando se desata la tragedia y el fuego se extiende sin control alguno, el Gobierno de la Nación se limita a constatar los daños irreparables causados por las llamas. Así estamos y así convivimos, limitados y desprotegidos por esa descentralización malparida que se ha desarrollado en nuestro país.

Ya sabemos de las desigualdades cívicas y sociales provocadas por el proceso, insufribles en materias cruciales como la educación y la sanidad, pero a tales desdichas hay que sumar ahora la impericia evidente de los gobiernos regionales. Son incapaces, a la vista está, de enfrentarse por sí solos a las catástrofes naturales, sean imprevistas o provocadas por la mano del hombre. Clausurado el ICONA, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que se ocupaba de sofocar los incendios forestales y regenerar las zonas afectadas, no existe un mando único que se responsabilice de atajar este tipo de desastres en toda España. Solo la UME, la Unidad Militar de Emergencias, adiestrada para intervenir con rapidez y eficacia, se mueve por todo el territorio nacional. De esta forma, en cada región se va por libre. Cada maestrillo aplica su parcial librillo de actuaciones.

Ellos son los encargados de mantener limpios los montes, de sustituir las especies foráneas por vegetaciones autóctonas que no prendan a las primeras de cambio, de contratar a los guardias forestales y de mantener activos los retenes de brigadistas y bomberos expertos en este tipo de incidencias. De ellos dependen también, en cantidad y calidad, la maquinaria especializada y los coches bomba que se precisan para combatir los incendios. Ellos deciden cuando comienza el peligro de combustión y cuando termina. A la vista de lo ocurrido en Andalucía, Castilla y León, La Mancha, Canarias, Asturias y Galicia, por no citar otros lugares siniestrados, el fracaso generalizado es más que evidente. Se han quemado cerca de cien mil hectáreas y las lenguas abrasadoras han cercado los parques nacionales y multitud de espacios protegidos.

Nada sabemos tampoco de los planes medio ambientales destinados a restaurar los paisajes destruidos y las reservas ecológicas dañadas. Yo pienso, y así lo escribo, que la defensa del medio ambiente, incluidos la prevención y la lucha contra el fuego, debe volver al Estado. Solo así existirán soluciones puntuales y globales a tan terrible lacra.