Amplios sectores del independentismo catalán ya han abandonado la idea tantas veces acariciada de que la independencia de Cataluña sería un proceso de bajo costo. Bajo costo social, político y económico. Ahora ya saben que la fractura social es un hecho, que la manifestación multitudinaria del domingo 8 de octubre reflejó que la división política no sólo se manifiesta en el Parlament sino también en las calles (que dejaron de ser su monopolio) y que la fuga de empresas y las turbulencias financieras presagian una hipotética Cataluña independiente directamente en quiebra. Y para coronar el suflé ya han tenido que desprenderse del autoconvencimiento de que Cataluña podría ser reconocida como país independiente por alguien más, si acaso, que la Venezuela de Maduro.
El problema consiste en que ese baño de realidad no tendrá efectos inmediatos. A muy corto plazo tendrá más bien el efecto contrario: incrementará el numantinismo de los irreductibles, que culparán de todos sus males a Madrid y llamaran a cerrar filas en las calles.
Así las cosas, por razones comprensibles, puede suceder que Rajoy y su gobierno se vean conducidos a caer en el optimismo opuesto, publicitando que la aplicación del 155 será también de bajo costo. Nada menos cierto. En el propio Gobierno hay diferencias de análisis acerca de cuál será el verdadero costo social y político (y en consecuencia económico) de la aplicación efectiva del 155. Por muy quirúrgicamente que trate de actuar el Gobierno español, ya se encargaran los independentistas de mostrar los ríos de sangre. Y después del 1-O quedó patente que saben hacerlo.
En pocas palabras, la disyuntiva está clara: tratar de usar guantes de seda cada vez que se enfrente un obstáculo en la aplicación del 155, o bien dejar claro desde el principio que el regreso a la legalidad en Cataluña no será de bajo costo, pero que no hay más remedio que encararlo. Claro, no son opciones completamente excluyentes. Como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Pero quizás sería bueno que la gente se fuera haciendo una idea del elevado costo que tendrá el regreso forzado a la legalidad en Cataluña.
Pese a las divisiones internas del independentismo, la resistencia al 155 unirá a sus partidarios en torno a las posiciones más extremas; lo cual quiere decir que se hace cada vez más verosímil la traca final del procés: la declaración formal de la independencia por parte de la mayoría del Parlament. Eso tiene un problema adicional referido al campo publicitario. De nuevo se planteará la tremenda paradoja de que es necesario una mayoría cualificada para cambiar un directivo de TV3, pero con una simple mayoría se puede proceder a una ruptura con España. Algo que no tragan de ninguna manera en la comunidad internacional.
Pero dado que Puigdemont y su equipo saben que la aplicación del 155 los pone fuera de la jugada, no es de extrañar que prefieran morir con las botas puestas. Así que la conclusión es que el futuro inmediato no será precisamente suave y ligero. Lamentablemente, todavía no hemos visto lo peor. Y será un milagro si en los meses que siguen la recuperación de la normalidad llega con la esperada rapidez. Pero, desafortunadamente, en la situación actual no hay otra salida. En realidad, es el costo que el resto de España, incluyendo a su ciudadanía despreocupada, debe pagar por no haberse tomado en serio el conflicto en Cataluña. Y la certeza de que el principal responsable de esta crisis es el independentismo no será suficiente consuelo.
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