Page reclama una reforma del sistema de financiación pero rechaza "zonas con cupo"

En una entrevista en Onda Cero, Page ha tachado de "obscena" la posibilidad de que, bajo la discusión identitaria que supone la crisis política catalana, "se oculte un cheque". Por ello, ha reclamado que todas las comunidades autónomas se sienten para abordar una reforma del sistema de financiación, pero sin establecer "zonas con cupo, donde cada uno se lo guisa y se lo come", ya que "queda en cuestión el cupo del Estado".

Page ha abogado por reclamar al Estado una reducción de cinco puntos en su parte de la "tarta pública" –actualmente el 55%- en favor de las comunidades autónomas –que en estos momentos se encargan del 28%-, para que éstas puedan gestionar con mayor eficacia la educación, sanidad y servicios públicos de su competencia.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha rechazado el debate sobre balanzas fiscales; algo que "realmente no existe", dado que el 90% del gasto de una comunidad autónoma se enmarca en el ámbito de servicios públicos como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y las transferencias de fondos de la Política Agraria Común (PAC), que llegan a través de la Unión Europea. El 10% restante "es una broma" en términos globales, con lo que ha respaldado un modelo para las comunidades autónomas acorde con la filosofía de un "sistema fiscal progresivo" mediante el que paguen más, quienes más tienen.

El presidente de Castilla-La Mancha ha precisado las diferencias competenciales que existen entre las distintas comunidades –caso de la justicia o la posibilidad de contar con una policía autonómica, entre otras- de nuestro país, así como los "distintos sistemas financieros" que conviven en él.

Entre las singularidades ha destacado, por ejemplo, los sistemas de Navarra y País Vasco, Ceuta y Melilla, la particularidad, en términos fiscales, de la comunidad autónoma de Islas Canarias o la Comunidad de Madrid, que tiene "el más excepcional" y que le permite "tener los impuestos más tirados".

Page ha reclamado atención a las necesidades propias de regiones como Castilla-La Mancha; una autonomía que, contando con dos millones de habitantes pero con un territorio mucho más extenso, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid -que cuenta con más de seis millones de habitantes-, tiene sin embargo que velar por proporcionar a sus ciudadanos unos servicios públicos de igual calidad y cobertura.