El Pleno ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para modificar los criterios de aplicación de la Regla de Gasto de modo que los ayuntamientos que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el periodo máximo de pago de la deuda comercial, puedan reinvertir su superávit fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia.
La iniciativa legislativa presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea continuará su trámite en ponencia y comisión, donde se analizarán y votarán las enmiendas al articulado y se elaborará un dictamen que será de nuevo debatido y votado en Pleno. Al tratarse de una propuesta de ley orgánica debe obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara - al menos 176 votos- para ser remitido al Senado.
El grupo proponente considera que la regla de gasto "impide a las administraciones públicas utilizar el remanente de tesorería derivado de superávits fiscales para financiar las políticas económicas y sociales con las que garantizar unos mínimos niveles de bienestar, otorgando, como ya se ha mencionado, prioridad al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público".
Para el grupo de Unidos Podemos-EC-EM, la aplicación de la misma supone una injerencia en la autonomía local especialmente difícil de justificar cuando la mayoría de las corporaciones presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería, cumplen los límites de deuda, y respetan el periodo medio máximo de pago a proveedores mientras se ven impedidas en la provisión de los servicios públicos de su competencia.
Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea afirma que la regla de gasto supone un agravio comparativo para las corporaciones locales por el diferente nivel de exigencia respecto a la Administración Central ya que se aplica de manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del Estado.
Agravio comparativo
Sostiene que "a pesar de que los niveles de gasto y deuda de los ayuntamientos son sustancialmente inferiores a los de las Comunidades Autónomas y el Estado (5,7% de gasto público local sobre el PIB frente a un 42,4% del PIB de gasto público total y 2,9% de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016), fue el superávit de las primeras el que permitió el cumplimiento de los objetivos de déficit del conjunto de las administraciones públicas en 2016".
Añade que las corporaciones locales, antes de la crisis, mantuvieron saldos fiscales prácticamente equilibrados, con un déficit medio de apenas un 0,05% del PIB entre 1999 y 2007 por debajo del déficit medio de Gobierno Central (0,28 % del PIB) y las Comunidades Autónomas (0,34 % del PIB) y en un nivel cuatro veces inferior al déficit medio de los gobiernos locales en el conjunto de la Unión Europea (0,20 % del PIB).
El grupo parlamentario atribuye el empeoramiento posterior de las cuentas de los ayuntamientos en España a la escasez de fuentes tributarias más que a una presunta mala gestión de sus presupuestos. Por ello, indica que "la aplicación de la regla de gasto está provocando que los gobiernos locales se encuentren obligados a mantener importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social, de un 27,9% de la población (según el indicador AROPE de la última Encuesta de Condiciones de Vida) que presenta actualmente nuestro país".
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