Estas afirmaciones se basan en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determina que Uber es una empresa de transporte, y no de servicios o comercio electrónico como se autodenominaba, que por tanto está obligada a cumplir con la legislación vigente en materia de transporte de cada país.
El fallo confirma las recomendaciones que el abogado de la Unión Europea, Maciej Szpunar aportó el pasado mes de mayo cuando indicó que “Uber controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte que ofrece y sus conductores no tienen una actividad independiente”.
Sanz ha señalado que esta sentencia de la justicia europea evidencia el “error del discurso de la clase política española” y ha recordado que “el Ministerio de Fomento tiene la responsabilidad de regular todas las formas de transporte que operan en su territorio y hacerles cumplir la ley”.
Asimismo, ha celebrado el fallo del Tribunal europeo y considera que se trata de un punto de inflexión que “va a desencadenar una nueva visión de los tribunales españoles en las demandas planteadas por las diferentes asociaciones del colectivo de taxistas y que están todavía pendientes del fallo de la justicia”.
Según el presidente, esta sentencia “es consecuencia de la dejadez e ineficacia del Estado que no ha llevado a cabo los cambios normativos pertinentes para garantizar la estabilidad del colectivo y ha propiciado que 67.000 pequeños autónomos tengan que recurrir a la justicia Europea”.
Sobre el funcionamiento de estas plataformas, el presidente de ANTAXI -agrupación de 10 asociaciones de taxistas de toda España y que aglutina a más de 15.000 profesionales- ha recordado que el colectivo del taxi no se ha mostrado nunca en contra de que existan este tipo de fórmulas de transporte, sino contra el incumplimiento de la legislación vigente que empresas como Uber cometen.
Así, ANTAXI exige de nuevo a la administración que trabaje por hacer cumplir con la legislación actual y obligue a este tipo de autorizaciones a operar en función a la normativa vigente en materia de transporte.
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