El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha solicitado la petición de comparecencia del Ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique por qué aprobó "indemnizar ilegalmente" a la empresa dueña del almacén de gas Castor y por qué debe pagarlo la ciudadanía, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre que anula el Real Decreto por el que se aprobó esta indemnización.
El grupo parlamentario solicita a los partidos de la oposición que sumen su apoyo para que la comparecencia sea lo más urgente posible, debido a la gravedad del asunto.
Se prevé que el Proyecto Castor cueste a los españoles más de 96 millones de euros, que repercutirán en sus facturas de gas durante 2018. "El Gobierno pretende que durante más de 30 años la ciudadanía pague a través de la factura del gas a los tres bancos que adelantaron la indemnización, y que lo haga con los correspondientes intereses", explica Josep Vendrell, diputado de En Comù Podem y portavoz de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Tras el cierre de Castor, el Gobierno del Partido Popular indemnizó en 2014 en el tiempo récord de 35 días, sin el debido control parlamentario y por un importe de 1.350 millones de euros, a la compañía Escal UCS, participada por ACS.
A pesar de que el pasado 22 de diciembre de 2017 se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba esta indemnización, por considerar que no se dieron razones de urgencia para aprobar esta medida ni este Real Decreto excepcional, ésto no ha frenado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los cánones y peajes que el fallido almacén de gas costará a los consumidores y consumidoras durante 2018. El Ministerio de Energía publicó en el BOE la orden ETU / 1283/2017, los peajes y cánones asociados al almacén Castor, en total 96.382.954 euros. Todo ello una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional.
El Gobierno del PP prevé, por tanto, que los españoles sigan sufragando el fracasado proyecto. "Esto es una nueva chapuza jurídica del Gobierno del Partido Popular y un ejemplo más de capitalismo de amiguetes que conocemos en nuestro país. Un ejemplo de la enorme presión en los gobiernos que tienen las élites que controlan las grandes empresas, por encima de los intereses de la ciudadanía", sentencia Vendrell.
Castor provocó más de 1.000 seísmos
El almacén Castor es un antiguo yacimiento de petróleo que formaba parte de la red estratégica de almacenamientos de gas diseñada por el Gobierno socialista para asegurar y garantizar el suministro de gas en caso de problemas con el suministro exterior. La empresa responsable de su gestión era Escal UGS, controlada en un 66,7% por ACS. Durante el tiempo que duró la actividad del almacén, ubicado a unos 20km de las costas de Castellón y Tarragona, provocó más de 1.000 seísmos en una zona que nunca había sido sísmica.
Al producirse estos terremotos se paralizó su funcionamiento, pero los inversores y la empresa Escal UGS no solo no pagaron por los daños ocasionados, sino que fueron indemnizados por el Gobierno del Partido Popular en virtud a las cláusulas aprobadas por el Gobierno de Zapatero y avaladas por el Tribunal Supremo.
Ángela Ballester, diputada de Unidos Podemos por Valencia, ha querido también destacar que “el proyecto Castor no solo fue innecesario, peligroso y dañino, sino que es otra muestra de las prioridades del gobierno: rescatar a las grandes empresas a costa de la ciudadanía. El ministro debe explicar cómo va a cumplir la sentencia del TC que anula la indemnización a Florentino Pérez, y debe hacerlo con la misma celeridad con que pagó esa indemnización. Es un primer paso para esclarecer las muchas sombras de un proyecto exitoso para la empresa concesionaria pero ruinoso para las poblaciones de la zona y para la ciudadanía”.
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