Continúa el cruce de acusaciones y el lanzamiento de 'balones fuera' respecto al caos generado por el temporal de nieve el pasado fin de semana. ¿Quiénes son los responsables de este caos que dejó atrapados a miles de vehículos en carreteras como la autopista de peaje AP-6? Más allá de las peticiones de comparecencia de los ministros de Interior y Fomento y el director de la DGT, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación para dirimir responsabilidades.
El Gobierno y la DGT culparon este domingo del caos en la AP-6 a la empresa concesionaria, pero también a los conductores, que emprendieron la operación retorno tras las Navidades pese a las previsiones meteorológicas que apuntaban al temporal de nieve. Esta acusación desató la ira de los ciudadanos que se vieron afectados y permanecieron atrapados durante horas en la autopista, y que reprochan la falta de previsión de las autoridades.
Los partidos de la oposición ya han pedido la comparecencia urgente de los ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el PSOE además, ha pedido la destitución del director de la DGT, Gregorio Serrano.
Para tratar de encontrar a los responsables de el caos, el Defensor del Pueblo ha solicitado información a Interior y Fomento sobre el colapso de la AP-6 y de la A-6 que edejó a miles de vehículos y a sus ocupantes atrapados en estas carreteras tras una nevada. La institución quiere saber "cómo se planificó la operación retorno, las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por ambos ministerios para su preparación y supervisión".
"Además, quiere conocer la información facilitada por la Dirección General de Tráfico sobre las limitaciones en el uso de las vías A-6 y AP-6 y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas".
La institución recuerda que, "en el caso de la AP6, aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, ésta actúa por medio de la oportuna concesión administrativa, en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía".
El Defensor del Pueblo lamenta que "en los últimos meses con excesiva frecuencia se está detectando un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias (servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, etc.) que deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla".
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