El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación contra el Acuerdo GOV/138/2017, de 2 de octubre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña.
El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados a la Generalitat de Cataluña, que dispone de un plazo de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones estime conveniente.
El Tribunal deja en suspenso el plazo de personación y formulación de alegaciones para la Generalitat “con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña”. El citado plazo quedará suspendido durante el tiempo en que, en virtud de las medidas aprobadas el pasado 27 de octubre, el Consejo de Ministros ejerza las funciones y competencias que corresponden al Gobierno de la Comunidad Autónoma.
El Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación del Acuerdo impugnado, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del art. 161.2 de la Constitución. Dicho precepto establece lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso.
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