El Gobierno pretende impedir la investidura del ex president Carles Puigdemont a toda costa. Este viernes el Consejo de Ministros ha recurrido al Tribunal Constitucional su candidatura a la investidura, a pesar de la opinión en contra del Consejo de Estado.
El Gobierno ha recurrido la candidatura del ex president Carles Puigdemont ante el Tribunal Constitucional, a pesar del informe en contra del máximo órgano consultivo del ejecutivo que consideró que antes habría que ver si éste asiste o no a la sesión prevista para el próximo martes 30. Por contra, el ejecutivo argumenta que Puigdemont es un huido de la Justicia y esta circunstancia le impide ser investido, por lo el president del Parlament, Roger Torrent, no pudo presentarlo.
"El Consejo de Estado tiene funciones de asesoramiento", matizó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, intentando restar importancia a la opinión de los expertos jurídicos."Gobernar es decidir y gobernar es elegir", argumentó. "Entendemos que es un mal mayor si se consuma la investidura de una persona que está perseguida por graves delitos como la sedición, la rebelión o la malversación de caudales públicos", argumentó.
Sáenz de Santamaría sostuvo que "con todo el respeto al parecer del Consejo de Estado", el Gobierno debe "evitar que alguien que está huido de la Justicia pueda de forma ilegítima ponerse al frente de un gobierno autonómica".
Moncloa encargó al Consejo de Estado dos informes, uno preceptivo no vinculante y otro potestativo sobre la posibilidad de delegación de voto o la posibilidad de investidura no presencial o por delegación. En la tarde del jueves habrían sido recibidos.
"El Consejo de Estado comparte los argumentos jurídicos pero discrepa del momento temporal", explicó la vicepresidenta sobre el recurso al Tribunal Constitucional. No obstante, aseguró que se estudió con mucho interés y que a pesar de esta opinión, el Gobierno considera que tiene instrumentos legales para evitar que Puigdemont pueda ser investido.
"Puigdemont primero tiene que rendir cuentas ante la Justicia. Su primera obligación es ponerse a disposición del Tribunal Supremo", alegó Sáenz de Santamaría.
"En este momento tenemos que aplicar esta prerrogativa para evitar que el continuar con esa candidatura pueda ocasionarse un grave perjuicio al estado de derecho", explicó. "La decisión corresponde al Tribunal Constitucional y nosotros somos respetuosos con las competencias de cada uno", concluyó sin avanzar si temen que pueda alinearse con las tesis del Consejo de Estado y no admitir a trámite su recurso que automáticamente suspendería el acto impugnado.
Oriol Junqueras, ¿un recambio aceptable?
La vicepresidenta insistió en varias ocasiones que el independentismo no habría tenido problemas si hubiera presentado a algún otro candidato no perseguido por la Justicia, no obstante, no quiso aclarar si consideraría válida una candidatura del líder de ERC, Oriol Junqueras encarcelado en la prisión de Estremera.
"Es necesaria la presencia del que es sometido a la investidura", indicó explicando qeu así lo expuso el Consejo de Estado en su informe potestativo. Eso sí, la vicepresidenta sostuvo que habría que atender a las decisiones de la Justicia: "Le corresponde decidir al Tribunal y no al Gobierno", en alusión a la posibilidad de que pudiera salir de prisión preventiva.
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